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Autor: Redacción de Economía y Mercados

  • El bolívar se desploma 6,6% en menos de un mes mientras la inflación anual roza el 700%

    El tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela pasó de 804,81 a 857,89 bolívares por dólar entre el 3 y el 29 de septiembre: una devaluación del 6,6% en menos de un mes, con ajustes diarios sostenidos —el BCV reportó subidas casi todos los días de esa última semana—. La variación acumulada interanual, según cifras del propio Banco Central, ronda el 390%. El economista José Guerra ha calificado la devaluación acelerada como «política de Estado», con ajustes mensuales que superan el 8%.

    Los números de precios cuentan la misma historia desde otro ángulo: la inflación de agosto fue de 8,9% mensual, con un acumulado enero-agosto de 200,1% y una tasa interanualizada de 534%. Cedice proyecta que 2026 cerrará entre 695% y 700% de inflación. El salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022 —hace más de cuatro años—, compensado de forma parcial con un «ingreso mínimo integral» de 240 dólares mensuales vía bonos. Una canasta básica para una familia de tres cuesta hoy 744.176 bolívares, cerca de 900 dólares al cambio oficial actualizado.

    El gobierno destaca que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se ha reducido a 12,3%, frente a cerca de 30% en periodos anteriores. Es un dato real, pero cuenta solo la mitad de la historia: una brecha cambiaria más pequeña no compensa un salario que no se mueve mientras los precios, indexados de facto en divisas, sí lo hacen cada semana. La estabilidad relativa del tipo de cambio convive con una erosión salarial sostenida que no aparece en los comunicados oficiales.

    La pregunta de fondo, la que un economista no puede eludir: ¿es esta devaluación acelerada una corrección técnica necesaria tras años de control cambiario artificial, o es el traslado deliberado del costo del ajuste macroeconómico hacia quienes menos margen tienen para absorberlo?

  • Washington reabre el grifo petrolero venezolano, pero no suelta el control

    El 14 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) emitió la Licencia General 52C, que amplía lo permitido a empresas estadounidenses en el sector petrolero venezolano: extracción, exportación, venta, transporte, comercialización de crudo, y nuevos contratos de inversión para exploración y desarrollo. Washington, eso sí, mantiene bloqueados la deuda y los bonos de PDVSA, la transferencia de participaciones accionarias, y cualquier cambio en la estructura corporativa de PDV Holding o Citgo. Se abre la operación diaria. Se retiene el control estructural.

    La pieza más reveladora de este reacomodo no es la licencia, sino el contrato: a finales de agosto, la Casa Blanca confirmó la concesión a North American Blue Energy Partners (NABEP) —vinculada al empresario Alejandro Betancourt— de 17 campos petroleros en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo, con cerca de 65.000 millones de barriles en reserva, una quinta parte del total del país. La concesión es por cien años. El Departamento de Defensa de Estados Unidos participa con el 35% de la estructura accionaria, y tiene acceso prioritario a comprar el 80% del crudo producido a precio de mercado y el 20% restante a costo de extracción.

    Cien años es más que una generación petrolera: son varias. Ningún gobierno interino, por definición transitorio y sin mandato electoral, debería tener la autoridad moral ni jurídica para comprometer el subsuelo venezolano por un siglo. La pregunta que la próxima administración electa —si alguna vez llega— tendrá que responder es si puede revisar, renegociar o anular contratos firmados en su nombre sin haber sido consultada.

    Chevron y la italiana Eni ya anunciaron la expansión de sus proyectos bajo supervisión estadounidense. El crudo vuelve. La soberanía sobre sus términos, no tanto.