El chavismo y la oposición venezolana confirmaron esta semana que se sentarán a una tercera ronda de diálogo en octubre, después de dos ciclos de conversaciones que dejaron acuerdos sobre papel y avances a cuentagotas en la práctica. La pregunta que debe hacerse cualquier venezolano antes de celebrar es simple: ¿esto acerca una fecha electoral concreta, o es una nueva forma de ganar tiempo?
Los hechos, ordenados. Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en enero y la Vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno de facto ha alternado gestos de apertura con freno de mano. Se liberaron 112 presos políticos en enero y se firmó una ley de amnistía en febrero — pero ese mismo mes, alrededor de 214 reclusos de El Rodeo I tuvieron que declararse en huelga de hambre para exigir que esa ley se aplicara de verdad. Un gesto no es una garantía; es apenas el comienzo de una obligación.
En la segunda ronda de diálogo, celebrada en septiembre, el gobierno y la delegación opositora — liderada por Dinorah Figuera, con Jorge Rodríguez como negociador oficialista — acordaron revisar las credenciales del TSJ mediante un comité de juristas y ampliar el acceso a internet. El resultado concreto: apenas 18 dominios desbloqueados de un total que sigue teniendo 177 páginas bloqueadas, 72 de ellas medios de comunicación. Que un medio digital como este nazca hoy, en un país donde 72 portales de noticias siguen sin poder abrirse libremente, no es una anécdota: es la medida exacta de cuánto falta.
Washington ha dejado clara su posición a través del Secretario de Estado Marco Rubio: una república duradera exige reconstrucción institucional antes de ir a elecciones, no una fecha lanzada al aire para calmar la calle. Es una condición razonable — pero también puede convertirse en la excusa perfecta para posponer indefinidamente lo único que de verdad legitima una transición: el voto.
Por eso la tercera ronda de octubre no puede repetir el guion de las dos anteriores: acuerdos generales, cronograma difuso y cero fecha. Lo mínimo exigible es un calendario electoral verificable, con observación internacional, y condiciones reales de participación — lo que incluye, sin rodeos, el regreso al ruedo político de María Corina Machado, ausente mientras se negocia su propio país. Cualquier mesa de diálogo que no ponga esos dos puntos en la agenda del próximo ciclo no está construyendo una transición: está administrando la permanencia del poder con otro nombre.
En Gente Activa News vamos a seguir esta mesa ronda por ronda, con los mismos criterios con los que se audita cualquier proceso público: qué se prometió, qué se cumplió y quién responde por la diferencia. Esa es la vía institucional que defendemos — no como consigna, sino como estándar de medición.
¿Crees que la ronda de octubre traerá una fecha electoral real, o es una dilación más? Déjanoslo en los comentarios.
Por Yoni Toro Gelvis
