Excarcelar no es liberar: el caso Perkins Rocha
Por Yoni Toro Gelvis
MADRID, 12 de noviembre de 2026 (GAN).– Hay presos que salen de la cárcel y la cárcel no sale de ellos. No hablo de la memoria, que es asunto de cada uno, sino de algo más concreto: la libertad a medias que el Estado puede recortar cuando quiere, sin firmar un papel.
El miércoles 11 de noviembre, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana impidieron las visitas en la casa de Perkins Rocha, abogado constitucionalista y coordinador de Vente Venezuela, que cumple arresto domiciliario desde febrero tras más de 500 días en El Helicoide, según El Nacional e Infobae. Según Rocha y su partido, ese día tenía prevista una reunión con la relatora especial de la ONU Gina Romero; no consta si llegó a celebrarse. Su esposa, María Constanza Cipriani, dijo que los agentes «no vinieron con ninguna orden». Su abogado, Omar Mora Tosta, afirmó a El Nacional que el juez de la causa le confirmó que el expediente no contiene ningún mandato que justifique el cerco: «quien la haya dado, es una orden absolutamente ilegal, arbitraria». Esa versión del juez solo la conocemos por la defensa, y ni la PNB ni el Ministerio Público han respondido. Por la tarde, tras la presión de vecinos y dirigentes, el cerco se aflojó.
El episodio es pequeño en horas y enorme en significado. Rocha está fuera del Helicoide, pero un comisario sin nombre puede decidir quién entra en su casa y quién no. Y no es un caso aislado. El abogado Gonzalo Himiob advirtió a El Nacional que, pese al reparto de las causas entre cientos de juzgados ordenado por el TSJ, «la jurisdicción de terrorismo sigue exactamente igual». El propio Mora Tosta calcula, según ese diario, que más de 20.000 personas viven con medidas cautelares en causas de terrorismo. Es una estimación de parte que nadie ha contrastado con datos oficiales, y precisamente por eso hace falta que el Estado publique los suyos.
Mientras tanto, en Ramo Verde ya son 36 los presos militares en huelga de hambre, según Infobae y Crónica Uno, y el Foro Penal mantiene 322 presos políticos en su último balance difundido por EFE. Y en París, el secretario de Estado Marco Rubio dibujó la ruta: magistrados del TSJ a mediados de diciembre, luego un nuevo consejo electoral y elecciones «idealmente» en 2027.
Esa ruta es necesaria, pero incompleta. Un país no llega libre a las urnas si quienes deberían hacer campaña, informar o defender a otros siguen con un grillete en el tobillo o un policía en la puerta.
Propongo que la delegación opositora lleve al cuarto ciclo del diálogo, que arranca este viernes 13, tres garantías verificables.
Primera: ninguna restricción sin papel. Que se acuerde que ninguna medida contra un excarcelado (prohibición de visitas, de declarar o de salir) se aplique sin una orden judicial escrita y notificada a su defensa en 24 horas, y que cualquier funcionario que actúe sin ella sea identificado y denunciado.
Segunda: una lista pública de cautelares. Que antes del 15 de diciembre de 2026 el Ministerio Público publique el número de personas con medidas cautelares en causas de terrorismo o vinculadas a protestas y elecciones, para que la cifra deje de ser una estimación de abogados.
Tercera: revisión con plazo. Que antes del 31 de enero de 2027 se revisen esas medidas, caso por caso, con la meta de sustituirlas por la libertad plena de todos los procesados por motivos políticos, y que los resultados se informen cada mes a la mesa y a las ONG que llevan los registros.
No pido milagros: pido que la libertad conste por escrito. Un puente no se cruza con un pie amarrado.
¿Crees que la mesa del diálogo debería exigir la libertad plena de los excarcelados antes de hablar de fechas electorales? Te leo en los comentarios.
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