La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, con mandato del Consejo de Derechos Humanos, publicó el 16 de septiembre un informe que documenta 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos entre septiembre de 2025 y julio de 2026, y estima que entre 379 y 500 personas continúan detenidas por razones políticas en el país. El dato más grave: la Misión investigó 64 nuevos casos de tortura ocurridos después del 3 de enero de 2026 —es decir, después de la captura de Nicolás Maduro—, señalando centros como El Rodeo I e instalaciones militares como Fuerte Guaicaipuro.
El informe identifica que 19 funcionarios previamente señalados por violaciones graves de derechos humanos permanecen en cargos clave del Estado. Que los llamados «colectivos» armados siguen operando con respaldo estatal. Y que las leyes que criminalizan la disidencia política continúan vigentes, sin haber sido derogadas ni reformadas. La presidenta de la Misión, Sofía Macher, lo resumió con una frase que este medio suscribe sin matices: la reducción de la represión severa es «significativa, pero de ninguna manera una transformación del sistema que la hizo posible».
Esta es la evidencia documental, de la fuente independiente de mayor autoridad disponible, que desmonta el relato de una transición ya consumada. No hubo desmantelamiento del aparato represivo. Hubo, en el mejor de los casos, una pausa parcial en su uso más visible, mientras las estructuras, las leyes y el personal que lo hicieron posible siguen intactos. La justicia transicional que la propia Misión reclama —no la amnistía selectiva, no el silencio administrativo— es la única respuesta proporcional a lo que este informe documenta.