Huelga en Ramo Verde sube a 36 presos; familias denuncian falta de agua

Redacción GAN · Testimonio y Denuncia

CARACAS, 12 de noviembre de 2026 (GAN).– La huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, llega este jueves a su cuarto día con 36 presos, según la periodista Sebastiana Barráez en Infobae y Crónica Uno. El aumento se debe a que dos mujeres se sumaron a la protesta el miércoles 11 de noviembre: la teniente Carla Yancelys Antón Farías y la sargento segundo Yusimar Elisneth Montilla Ortega, ambas del caso Gobernación de Monagas, según Infobae. «Nos acaban de informar que dos femeninas, dos mujeres, se unieron a este grupo de militares», dijo Sandra Hernández, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), según EFE.

Según el desglose de Infobae, son 32 sargentos y 4 tenientes: 21 del caso Cotiza, 3 de los casos Sukhoi, 3 del caso Gobernación de Monagas, 2 de la Operación Libertad del 30 de Abril, 2 de la refinería El Palito, 2 de la Operación Gedeón, 1 de la Operación David en el Fuerte Paramacay, 1 de la Operación Aurora y 1 del caso Espionaje. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) había contado 34 el martes.

Las familias denuncian un endurecimiento. Según su relato a Infobae, el jefe de régimen del penal, el mayor Ramón Navarro, aisló a los huelguistas en la cancha y les negó el acceso al agua y a los baños, por orden que atribuyen al director, el capitán de navío Leover Alfonso Pachano Gómez. Otra familiar contó que el martes por la mañana los custodios cerraron el acceso desde la cancha a las torres donde están los sanitarios. Ninguno de los funcionarios señalados ni el Cenapromil han respondido, y las denuncias no han podido verificarse de forma independiente.

«Ellos no han sido evaluados ante el ayuno que mantienen», dijo a Infobae Mileidys Hernández, hermana del sargento segundo José Daniel González Hospedales. Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Alexander Bandres Figueroa, aseguró: «Ellos continúan con la huelga indefinida y totalmente pacífica». Lisnel Hernández de Martínez, esposa del sargento mayor Geomer Narciso Martínez Natera, recordó que tienen «una sentencia firme y cumplida».

Crónica Uno reconstruyó el laberinto judicial del caso Cotiza, que se remonta a la sublevación de un grupo de guardias nacionales en enero de 2019. En 2023, Bandres fue condenado a 15 años y 9 meses y sus compañeros a 7 años y 9 meses. La Sala de Casación Penal anuló después la sentencia y en febrero de 2024 ordenó repetir el proceso. En la audiencia preliminar de abril de 2026 se sobreseyeron los delitos militares, pero se les imputó traición a la patria. Desde el 26 de abril, el Juzgado Tercero de Juicio no ha abierto el juicio. «Lo insólito del caso es que el sargento Yofre Castro nunca tuvo el delito de traición a la patria», dijo Sandra Hernández a ese medio.

Los huelguistas exigen la excarcelación de quienes cumplieron condena, que según sus familias se cumplió el 24 de octubre, tribunales para los expedientes sin juez, el respeto de los plazos de apelación, la presencia de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales y un representante en la mesa de negociación. «Los militares son los grandes olvidados en todas las negociaciones», dijo Hernández a EFE. Según el Foro Penal, citado por esa agencia, hay 322 presos políticos en Venezuela, 140 de ellos militares. A 48 horas del inicio del ayuno, ninguna autoridad se había presentado ante los huelguistas, según sus familias.

El cuarto ciclo del diálogo entre el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la delegación opositora de Dinorah Figuera comienza este viernes 13. La negociadora ya pidió acelerar la liberación de militares, según El Nacional.

Mientras en la mesa se discuten magistrados y plazos electorales, 36 presos llevan cuatro días sin comer y, según sus familias, sin agua en una cancha. Si sus condenas ya se cumplieron, ¿qué falta para que alguien firme una boleta de excarcelación antes de que haya que lamentar una tragedia?

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