Ningún pacto militar sin un Parlamento elegido
Por Yoni Toro Gelvis
MADRID, 5 de noviembre de 2026 (GAN).– Hay decisiones que un Gobierno de transición puede tomar y otras que no. Liberar presos, abrir medios, convocar elecciones: eso le corresponde, y cuanto antes mejor. Comprometer la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional por décadas, en cambio, no le corresponde a nadie que no haya sido elegido para ello.
Según The New York Times, el Departamento de Estado de Estados Unidos negocia con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, conocido por sus siglas en inglés como SOFA. Es el marco jurídico que regula a los militares de un país desplegados en otro. El número de soldados y los lugares vendrían después. Un alto funcionario anónimo asegura que las bases permanentes están «muy, muy lejos en el futuro». El presidente Donald Trump, mientras tanto, habla de «nuestra conquista de Venezuela».
No escribo esto desde el antiamericanismo. Tengo claro que Estados Unidos ha sido un actor decisivo para que Venezuela salga de la dictadura, y que hay amenazas reales en nuestro territorio, como el ELN y el narcotráfico. Pero precisamente por eso el acuerdo importa: si se firma mal, quedará como una herida en la legitimidad de la democracia que queremos construir.
El internacionalista Mariano de Alba lo planteó con claridad: la actual Asamblea Nacional no surgió de elecciones libres. Gabriel Ordóñez lo resumió en una frase: «la seguridad de Venezuela debe negociarla un gobierno legítimo». Y a eso se suma la opacidad. Seis días después del ataque en Apure, en el que Fundaredes cuenta al menos 23 muertos y el NYT atribuye a Estados Unidos inteligencia y drones, el Ministerio de Defensa sigue sin publicar un parte oficial.
La historia enseña que los pactos de seguridad firmados a espaldas de los pueblos se pagan caros. España lo sabe: los acuerdos con Estados Unidos de 1953, firmados por un régimen sin Parlamento democrático, tuvieron que renegociarse ya en democracia, y fueron durante años motivo de división política. Venezuela no necesita repetir ese camino. Tiene la oportunidad de hacerlo bien desde el principio, con el texto sobre la mesa y los ciudadanos informados.
Propongo tres condiciones concretas y verificables.
Primera: transparencia total. Que el Gobierno encargado y la Embajada de Estados Unidos publiquen, antes del 31 de diciembre de 2026, el borrador del acuerdo y el estado de las negociaciones, y que cualquier presencia militar actual se informe por escrito al país.
Segunda: primero las urnas. Que ningún acuerdo de presencia militar de larga duración se firme ni se ratifique antes de que se instale una Asamblea Nacional surgida de elecciones libres, con un Consejo Nacional Electoral renovado y observación internacional. La cooperación puntual contra el crimen organizado puede regularse mientras tanto con acuerdos temporales, públicos y de plazo corto.
Tercera: rendición de cuentas en Apure. Que antes del 30 de noviembre el Ministerio de Defensa publique la lista de fallecidos y heridos de la operación del 30 de octubre, y que la Defensoría del Pueblo y una ONG independiente puedan verificarla.
Cruzar el puente hacia la libertad exige aliados, pero también exige soberanía. Un país que vuelve a la democracia no puede empezar firmando lo que sus ciudadanos no han podido leer. ¿Crees que un acuerdo militar con Estados Unidos debe esperar a un Parlamento elegido? Te leo en los comentarios.
Fuentes: The New York Times vía Infobae (3-nov-2026), negociación del acuerdo SOFA; Runrunes (4-nov-2026), reacciones de Mariano de Alba, Gabriel Ordóñez y Alejandro Guzmán Woodroffe; The New York Times vía Infobae (3-nov-2026) y Fundaredes, ataque en Apure.
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