El Puente a la Libertad — Sin control civil de la FANB no hay transición

Por Yoni Toro Gelvis

Hoy, mientras el canciller Oliver Blanco se sienta frente a Marco Rubio en Washington, en un cementerio de Camaguán, en Guárico, hay una fila de tumbas que nadie ha explicado. Según Fundaredes, allí terminaron los cuerpos de la operación militar contra un campamento del ELN en Apure. EFE constató nueve muertos; Fundaredes habla de 19; Infobae, de una veintena. Entre ellos había una mujer, según AFP. Tres días después, el Ministerio de Defensa no ha dicho una palabra.

No escribo para defender al ELN. Ningún país puede aceptar que un grupo armado extranjero use su territorio como retaguardia, y la frontera de Apure lleva demasiado tiempo en manos de quien tiene fusiles. Escribo porque la forma en que un Estado usa la fuerza dice más de su democracia que cualquier discurso. Un Gobierno que combate a un grupo armado sin rendir cuentas no se diferencia tanto, a los ojos de las familias de la frontera, de aquello que dice combatir.

Una fuente militar anónima dijo a AFP: «Nos ayudó gente de la CIA y el FBI. Esto fue una orden de Estados Unidos». No está confirmado. Pero la sola posibilidad plantea una pregunta que ninguna transición puede esquivar: ¿ante quién responde hoy la Fuerza Armada? ¿Ante la presidenta encargada, ante un acuerdo con Washington, ante la ley venezolana? Si nadie lo explica, la respuesta es la peor: ante nadie.

Venezuela vivió más de dos décadas con una FANB convertida en partido, en empresa y en carcelera. Hay oficiales presos políticos, unos 140 según el Foro Penal. Una transición que cambie el discurso pero deje intacta la opacidad militar estará construyendo el puente sobre arena. Los soldados honestos, que los hay, son los primeros interesados en reglas claras: la opacidad protege a los que abusan, no a los que cumplen.

Propongo tres reglas concretas y verificables.

Primera: parte en 72 horas. Toda operación militar con fallecidos debe tener, en un máximo de 72 horas, un informe público del Ministerio de Defensa con el número de muertos, su identidad cuando se conozca, su nacionalidad y el lugar donde reposan sus cuerpos. Para Apure, ese informe debería publicarse antes del 10 de noviembre.

Segunda: acceso independiente. Antes del 15 de noviembre, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo deberían permitir que organizaciones como Fundaredes y Control Ciudadano, y un representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, verifiquen la zona y las inhumaciones en Camaguán, y que los cuerpos identificados se entreguen a sus familias.

Tercera: control parlamentario. Que la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Asamblea Nacional electa en 2015 acuerde, antes del 31 de diciembre, un protocolo público de uso de la fuerza letal y una comisión parlamentaria que reciba informes de toda operación con cooperación extranjera.

España conoce este camino. Su transición no terminó con las primeras elecciones, sino cuando el poder civil se impuso de forma definitiva sobre los cuarteles. Nadie lo regaló: se construyó con leyes, con control y con valentía política. Venezuela no tiene que copiar ese modelo, pero sí aprender su lección central: sin un poder civil que pregunte y una fuerza armada que responda, no hay democracia que dure.

El puente hacia la libertad se mide también en los lugares donde nadie mira: una sabana en Pedro Camejo, un cementerio en Camaguán. Si allí no llegan la verdad y los nombres, no llegará la democracia a ninguna parte. ¿Crees que la FANB debe rendir cuentas ante el Parlamento por cada operación letal? Te leo en los comentarios.

Fuentes: Infobae/EFE (1-nov-2026); Runrunes (1-nov-2026); El Imparcial/AFP (1-nov-2026); El Nacional (1-nov-2026); EFE vía El Informador de México (1-nov-2026, reunión Rubio–Blanco); El Informador (31-oct-2026, Foro Penal: 140 militares entre 322 presos políticos).

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