El tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela pasó de 804,81 a 857,89 bolívares por dólar entre el 3 y el 29 de septiembre: una devaluación del 6,6% en menos de un mes, con ajustes diarios sostenidos —el BCV reportó subidas casi todos los días de esa última semana—. La variación acumulada interanual, según cifras del propio Banco Central, ronda el 390%. El economista José Guerra ha calificado la devaluación acelerada como «política de Estado», con ajustes mensuales que superan el 8%.
Los números de precios cuentan la misma historia desde otro ángulo: la inflación de agosto fue de 8,9% mensual, con un acumulado enero-agosto de 200,1% y una tasa interanualizada de 534%. Cedice proyecta que 2026 cerrará entre 695% y 700% de inflación. El salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022 —hace más de cuatro años—, compensado de forma parcial con un «ingreso mínimo integral» de 240 dólares mensuales vía bonos. Una canasta básica para una familia de tres cuesta hoy 744.176 bolívares, cerca de 900 dólares al cambio oficial actualizado.
El gobierno destaca que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se ha reducido a 12,3%, frente a cerca de 30% en periodos anteriores. Es un dato real, pero cuenta solo la mitad de la historia: una brecha cambiaria más pequeña no compensa un salario que no se mueve mientras los precios, indexados de facto en divisas, sí lo hacen cada semana. La estabilidad relativa del tipo de cambio convive con una erosión salarial sostenida que no aparece en los comunicados oficiales.
La pregunta de fondo, la que un economista no puede eludir: ¿es esta devaluación acelerada una corrección técnica necesaria tras años de control cambiario artificial, o es el traslado deliberado del costo del ajuste macroeconómico hacia quienes menos margen tienen para absorberlo?