El 14 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) emitió la Licencia General 52C, que amplía lo permitido a empresas estadounidenses en el sector petrolero venezolano: extracción, exportación, venta, transporte, comercialización de crudo, y nuevos contratos de inversión para exploración y desarrollo. Washington, eso sí, mantiene bloqueados la deuda y los bonos de PDVSA, la transferencia de participaciones accionarias, y cualquier cambio en la estructura corporativa de PDV Holding o Citgo. Se abre la operación diaria. Se retiene el control estructural.
La pieza más reveladora de este reacomodo no es la licencia, sino el contrato: a finales de agosto, la Casa Blanca confirmó la concesión a North American Blue Energy Partners (NABEP) —vinculada al empresario Alejandro Betancourt— de 17 campos petroleros en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo, con cerca de 65.000 millones de barriles en reserva, una quinta parte del total del país. La concesión es por cien años. El Departamento de Defensa de Estados Unidos participa con el 35% de la estructura accionaria, y tiene acceso prioritario a comprar el 80% del crudo producido a precio de mercado y el 20% restante a costo de extracción.
Cien años es más que una generación petrolera: son varias. Ningún gobierno interino, por definición transitorio y sin mandato electoral, debería tener la autoridad moral ni jurídica para comprometer el subsuelo venezolano por un siglo. La pregunta que la próxima administración electa —si alguna vez llega— tendrá que responder es si puede revisar, renegociar o anular contratos firmados en su nombre sin haber sido consultada.
Chevron y la italiana Eni ya anunciaron la expansión de sus proyectos bajo supervisión estadounidense. El crudo vuelve. La soberanía sobre sus términos, no tanto.