Dos días después del discurso de Delcy Rodríguez ante la ONU, una investigación de Reuters basada en fuentes con conocimiento directo del proceso puso número a la ambigüedad: las elecciones prometidas por el gobierno interino podrían retrasarse hasta finales de 2027. La razón oficial es la magnitud de las reformas institucionales pendientes —renovación del Consejo Nacional Electoral, actualización del registro electoral, reforma del Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo marco legal—. La razón que se lee entre líneas es otra: la prioridad inmediata de la administración ha sido cerrar acuerdos económicos, empezando por el petróleo, antes que fijar un cronograma electoral vinculante.
La secuencia importa. Primero se negocian y se firman los contratos petroleros a cien años con inversores respaldados por Washington. Después, cuando la economía ya está encaminada y el reconocimiento internacional ya está asegurado, se discutirá cuándo vota el país. Es exactamente el orden inverso al que debería seguir una transición democrática genuina, donde la legitimidad política antecede —no sigue— a los acuerdos de largo plazo sobre los recursos de la nación.
La pregunta que este medio plantea no es retórica: ¿está condicionando Estados Unidos su reconocimiento y sus acuerdos económicos a una fecha electoral real, o solo a gestos de apertura que no comprometen a nada verificable? Si las «reformas institucionales» son una condición técnica genuina, deberían venir acompañadas de un cronograma público de esas mismas reformas, con hitos y fechas. Si no lo están, la palabra correcta no es «reforma». Es dilación.
Año y medio más de gobierno interino sin mandato electoral no es un detalle técnico. Es año y medio más sin que el pueblo venezolano —dentro y fuera del país— pueda decidir quién lo gobierna.