Gente Activa News

Blog

  • El bolívar se desploma 6,6% en menos de un mes mientras la inflación anual roza el 700%

    El tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela pasó de 804,81 a 857,89 bolívares por dólar entre el 3 y el 29 de septiembre: una devaluación del 6,6% en menos de un mes, con ajustes diarios sostenidos —el BCV reportó subidas casi todos los días de esa última semana—. La variación acumulada interanual, según cifras del propio Banco Central, ronda el 390%. El economista José Guerra ha calificado la devaluación acelerada como «política de Estado», con ajustes mensuales que superan el 8%.

    Los números de precios cuentan la misma historia desde otro ángulo: la inflación de agosto fue de 8,9% mensual, con un acumulado enero-agosto de 200,1% y una tasa interanualizada de 534%. Cedice proyecta que 2026 cerrará entre 695% y 700% de inflación. El salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022 —hace más de cuatro años—, compensado de forma parcial con un «ingreso mínimo integral» de 240 dólares mensuales vía bonos. Una canasta básica para una familia de tres cuesta hoy 744.176 bolívares, cerca de 900 dólares al cambio oficial actualizado.

    El gobierno destaca que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se ha reducido a 12,3%, frente a cerca de 30% en periodos anteriores. Es un dato real, pero cuenta solo la mitad de la historia: una brecha cambiaria más pequeña no compensa un salario que no se mueve mientras los precios, indexados de facto en divisas, sí lo hacen cada semana. La estabilidad relativa del tipo de cambio convive con una erosión salarial sostenida que no aparece en los comunicados oficiales.

    La pregunta de fondo, la que un economista no puede eludir: ¿es esta devaluación acelerada una corrección técnica necesaria tras años de control cambiario artificial, o es el traslado deliberado del costo del ajuste macroeconómico hacia quienes menos margen tienen para absorberlo?

  • Washington reabre el grifo petrolero venezolano, pero no suelta el control

    El 14 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) emitió la Licencia General 52C, que amplía lo permitido a empresas estadounidenses en el sector petrolero venezolano: extracción, exportación, venta, transporte, comercialización de crudo, y nuevos contratos de inversión para exploración y desarrollo. Washington, eso sí, mantiene bloqueados la deuda y los bonos de PDVSA, la transferencia de participaciones accionarias, y cualquier cambio en la estructura corporativa de PDV Holding o Citgo. Se abre la operación diaria. Se retiene el control estructural.

    La pieza más reveladora de este reacomodo no es la licencia, sino el contrato: a finales de agosto, la Casa Blanca confirmó la concesión a North American Blue Energy Partners (NABEP) —vinculada al empresario Alejandro Betancourt— de 17 campos petroleros en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo, con cerca de 65.000 millones de barriles en reserva, una quinta parte del total del país. La concesión es por cien años. El Departamento de Defensa de Estados Unidos participa con el 35% de la estructura accionaria, y tiene acceso prioritario a comprar el 80% del crudo producido a precio de mercado y el 20% restante a costo de extracción.

    Cien años es más que una generación petrolera: son varias. Ningún gobierno interino, por definición transitorio y sin mandato electoral, debería tener la autoridad moral ni jurídica para comprometer el subsuelo venezolano por un siglo. La pregunta que la próxima administración electa —si alguna vez llega— tendrá que responder es si puede revisar, renegociar o anular contratos firmados en su nombre sin haber sido consultada.

    Chevron y la italiana Eni ya anunciaron la expansión de sus proyectos bajo supervisión estadounidense. El crudo vuelve. La soberanía sobre sus términos, no tanto.

  • Reuters revela: las elecciones prometidas en Venezuela podrían esperar hasta 2027

    Reuters revela: las elecciones prometidas en Venezuela podrían esperar hasta 2027

    Dos días después del discurso de Delcy Rodríguez ante la ONU, una investigación de Reuters basada en fuentes con conocimiento directo del proceso puso número a la ambigüedad: las elecciones prometidas por el gobierno interino podrían retrasarse hasta finales de 2027. La razón oficial es la magnitud de las reformas institucionales pendientes —renovación del Consejo Nacional Electoral, actualización del registro electoral, reforma del Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo marco legal—. La razón que se lee entre líneas es otra: la prioridad inmediata de la administración ha sido cerrar acuerdos económicos, empezando por el petróleo, antes que fijar un cronograma electoral vinculante.

    La secuencia importa. Primero se negocian y se firman los contratos petroleros a cien años con inversores respaldados por Washington. Después, cuando la economía ya está encaminada y el reconocimiento internacional ya está asegurado, se discutirá cuándo vota el país. Es exactamente el orden inverso al que debería seguir una transición democrática genuina, donde la legitimidad política antecede —no sigue— a los acuerdos de largo plazo sobre los recursos de la nación.

    La pregunta que este medio plantea no es retórica: ¿está condicionando Estados Unidos su reconocimiento y sus acuerdos económicos a una fecha electoral real, o solo a gestos de apertura que no comprometen a nada verificable? Si las «reformas institucionales» son una condición técnica genuina, deberían venir acompañadas de un cronograma público de esas mismas reformas, con hitos y fechas. Si no lo están, la palabra correcta no es «reforma». Es dilación.

    Año y medio más de gobierno interino sin mandato electoral no es un detalle técnico. Es año y medio más sin que el pueblo venezolano —dentro y fuera del país— pueda decidir quién lo gobierna.

  • Delcy Rodríguez promete elecciones ante la ONU, pero vuelve a evitar la fecha

    Delcy Rodríguez promete elecciones ante la ONU, pero vuelve a evitar la fecha

    Ante la Asamblea General de la ONU, la presidenta interina habló de «transformación democrática» sin comprometerse a un cronograma electoral verificable.

    El 23 de septiembre, Delcy Rodríguez subió por primera vez a la tribuna de la Asamblea General de la ONU en Nueva York como presidenta interina de Venezuela. Dijo que «en Venezuela habrá elecciones». Habló de «transformación democrática» y de «reformas institucionales». Agradeció a Estados Unidos —y mencionó por nombre a Donald Trump— por el reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas. No mencionó a Nicolás Maduro. No mencionó a Hugo Chávez. Y no dijo, en ningún momento del discurso, cuándo.

    La ausencia no es un detalle. Es el patrón. Desde la asunción de Rodríguez como presidenta interina por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, cada anuncio de apertura ha llegado acompañado de la misma fórmula: gestos verificables en la superficie, ambigüedad deliberada en lo que realmente importa. Una fecha electoral no es un matiz diplomático que se pueda posponer para «cuando el pueblo decida el momento», como dijo Rodríguez ante la ONU. Es la condición mínima para que la palabra «transición» signifique algo distinto de «continuidad con otro nombre».

    El contraste es incómodo para Miraflores: mientras Rodríguez hablaba de apertura ante el organismo internacional que legitima o deslegitima gobiernos, en Caracas seguían sin resolverse los asuntos que sí tienen fecha —o deberían tenerla—: la renovación del Consejo Nacional Electoral, el marco legal para observación internacional, la situación de cientos de presos políticos. Prometer elecciones sin cronograma no es un compromiso democrático. Es una promesa que no obliga a nada, dirigida a un público que no puede exigir cuentas desde Nueva York.

    Gente Activa News seguirá esta historia con una pregunta simple, la misma que planteamos desde el primer número de «El Puente a la Libertad»: ¿cuándo? No «pronto». No «cuando estén dadas las condiciones». Una fecha, con día y mes, verificable por observadores independientes. Todo lo demás es diplomacia de imagen.

  • El Puente a la Libertad — La tercera ronda no puede ser otra dilación

    El chavismo y la oposición venezolana confirmaron esta semana que se sentarán a una tercera ronda de diálogo en octubre, después de dos ciclos de conversaciones que dejaron acuerdos sobre papel y avances a cuentagotas en la práctica. La pregunta que debe hacerse cualquier venezolano antes de celebrar es simple: ¿esto acerca una fecha electoral concreta, o es una nueva forma de ganar tiempo?

    Los hechos, ordenados. Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en enero y la Vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno de facto ha alternado gestos de apertura con freno de mano. Se liberaron 112 presos políticos en enero y se firmó una ley de amnistía en febrero — pero ese mismo mes, alrededor de 214 reclusos de El Rodeo I tuvieron que declararse en huelga de hambre para exigir que esa ley se aplicara de verdad. Un gesto no es una garantía; es apenas el comienzo de una obligación.

    En la segunda ronda de diálogo, celebrada en septiembre, el gobierno y la delegación opositora — liderada por Dinorah Figuera, con Jorge Rodríguez como negociador oficialista — acordaron revisar las credenciales del TSJ mediante un comité de juristas y ampliar el acceso a internet. El resultado concreto: apenas 18 dominios desbloqueados de un total que sigue teniendo 177 páginas bloqueadas, 72 de ellas medios de comunicación. Que un medio digital como este nazca hoy, en un país donde 72 portales de noticias siguen sin poder abrirse libremente, no es una anécdota: es la medida exacta de cuánto falta.

    Washington ha dejado clara su posición a través del Secretario de Estado Marco Rubio: una república duradera exige reconstrucción institucional antes de ir a elecciones, no una fecha lanzada al aire para calmar la calle. Es una condición razonable — pero también puede convertirse en la excusa perfecta para posponer indefinidamente lo único que de verdad legitima una transición: el voto.

    Por eso la tercera ronda de octubre no puede repetir el guion de las dos anteriores: acuerdos generales, cronograma difuso y cero fecha. Lo mínimo exigible es un calendario electoral verificable, con observación internacional, y condiciones reales de participación — lo que incluye, sin rodeos, el regreso al ruedo político de María Corina Machado, ausente mientras se negocia su propio país. Cualquier mesa de diálogo que no ponga esos dos puntos en la agenda del próximo ciclo no está construyendo una transición: está administrando la permanencia del poder con otro nombre.

    En Gente Activa News vamos a seguir esta mesa ronda por ronda, con los mismos criterios con los que se audita cualquier proceso público: qué se prometió, qué se cumplió y quién responde por la diferencia. Esa es la vía institucional que defendemos — no como consigna, sino como estándar de medición.

    ¿Crees que la ronda de octubre traerá una fecha electoral real, o es una dilación más? Déjanoslo en los comentarios.

    Por Yoni Toro Gelvis