La Ley contra el Odio cambia de nombre y quita la cárcel en primer debate

Redacción GAN · Política y Democracia

CARACAS, 4 de noviembre de 2026 (GAN).– La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que pasará a llamarse «Ley de Convivencia Pacífica y Tolerancia», según informaron Infobae en la madrugada de este miércoles y CNN en Español. El texto lo presentó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, y varias bancadas opositoras votaron en contra.

Según Infobae, la reforma elimina las penas de prisión de la ley vigente, aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, que preveía hasta 20 años de cárcel. En su lugar establece multas y trabajo comunitario, y crea procedimientos administrativos que aplicaría el Ministerio de Interior. Mantiene sanciones a los medios de comunicación, aunque sin revocar concesiones, e introduce multas por mensajes difundidos en redes sociales.

El trámite comenzó el 29 de septiembre, cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió reformar una ley que, según dijo entonces, «fue mal aplicada». La Asamblea creó una comisión de 11 diputados, instalada el 5 de octubre, y el Tribunal Supremo de Justicia dio su conformidad constitucional a mediados de octubre. Faltan la consulta pública y la segunda discusión. Según Infobae, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, admitió que la norma se usó de forma abusiva, aunque el medio no reproduce sus palabras literales.

Las cifras explican la polémica. El Foro Penal contabiliza al menos 927 personas acusadas de incitación al odio desde 2017; el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) registró 85 casos entre 2017 y octubre de 2025, 65 de ellos ligados a esta ley, y Cecodap contó 118 adolescentes imputados entre 2024 y 2025, según los datos recogidos por Infobae.

La oposición rechaza el enfoque. «Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia», dijo la diputada Amelia Belisario, de la bancada Libertad. La Plataforma Unitaria sostiene que la ley «debe ser derogada, no reformada». En la misma línea se han pronunciado Human Rights Watch, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El CNP presentó el martes su balance anual: 155 agresiones contra periodistas entre enero y octubre de 2026, entre ellas 37 intimidaciones, 26 obstrucciones, 16 hostigamientos, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 13 ataques directos, 12 borrados de material y cuatro cierres de emisoras, según Infobae. «Reformarla mantendría el mecanismo de censura», advirtió el gremio.

La reforma coincide con otras piezas de la ruta institucional: el Comité de Postulaciones Judiciales recibe hasta el 11 de noviembre las candidaturas al Tribunal Supremo, y organizaciones como Acceso a la Justicia y Cecodap han cuestionado esta semana que el baremo aprobado no evalúe «suficientemente la calidad de las sentencias».

Quitar la cárcel es un avance que nadie debería despreciar: hay venezolanos presos por un mensaje. Pero trasladar el castigo del juez al Ministerio de Interior no es libertad de expresión; es censura con multa. ¿Se atreverá la Asamblea a escuchar en la consulta pública a los periodistas que esta ley persiguió?

Fuentes: Infobae (4-nov-2026, 00:27 hora de Nueva York); CNN en Español (3-nov-2026, solo titular); Infobae, balance del CNP (3-nov-2026, 11:02 hora de Nueva York); Infobae, críticas al baremo del TSJ (3-nov-2026, 11:02 hora de Nueva York)

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