El Puente a la Libertad — Una ley que persiguió no se maquilla: se deroga y se repara
Por Yoni Toro Gelvis
Esta semana la Asamblea Nacional instaló la comisión que reformará la Ley contra el Odio. Once diputados, ocho del oficialismo y tres de la oposición, empezaron el martes a revisar el articulado. Su presidente, Pedro Infante, admitió algo que hace un año habría sido impensable: que hubo personas «afectadas por la implementación inadecuada de la ley». Es un reconocimiento importante. Pero un reconocimiento no es una reparación.
Al mismo tiempo, Diosdado Cabello defendió la norma desde la sede del PSUV. Dijo que «sirvió para frenar mucho desvarío» y que «fue una necesidad más allá del uso que se le pudo haber dado». Esa frase, «más allá del uso», resume el problema. El uso fue la persecución. Según Foro Penal, 927 personas fueron imputadas desde 2017; seis siguen presas y 638 viven con medidas cautelares. Cecodap informó que 118 adolescentes fueron acusados por delitos de odio en apenas dos años. Detrás de cada número hay una familia que aprendió a callar.
He visto de cerca lo que hace esa ley. Muchos de los que hoy vivimos en el exilio salimos por opinar en una red social, por denunciar una obra mal hecha o por organizar una protesta pacífica. No nos fuimos porque quisimos. Nos fuimos porque una norma ambigua convertía cualquier crítica en «incitación al odio» y cualquier fiscal en juez de la conciencia ajena.
Por eso digo con claridad: una ley que persiguió no se maquilla. Cambiarle el nombre, darle un «enfoque educativo» o suavizar algunos artículos no basta, si la estructura que permitió encarcelar opiniones queda en pie. Y que la propuesta pase primero por el TSJ, antes que por el debate público, tampoco da garantías. Fue en los tribunales donde esa ley se aplicó.
Propongo tres condiciones verificables para que la reforma sea creíble. Primera, derogación de los tipos penales que castigan la opinión, empezando por los artículos 20 a 22, con efecto inmediato sobre las causas abiertas. Segunda, una revisión pública, caso por caso, de los 927 expedientes, con la presencia de Foro Penal, Provea y Cecodap, y con un plazo de 90 días. Tercera, un programa de reparación que incluya el sobreseimiento de las causas, la eliminación de antecedentes y el levantamiento de las órdenes de captura de los exiliados procesados bajo esta ley.
Sé que hay quien teme que derogar la ley deje al país sin herramientas frente a la violencia real. No es así. El Código Penal venezolano ya castiga la amenaza, la instigación a delinquir y la violencia contra las personas. Lo que la Ley contra el Odio añadió no fue protección, sino discrecionalidad: penas desproporcionadas para conductas definidas con palabras vagas, que cada fiscal interpretó según la conveniencia política del momento. Una democracia protege a las minorías con leyes precisas, no con tipos penales elásticos.
Los sindicalistas de Guayana lo dijeron el lunes con la autoridad de quien estuvo preso: no basta con reformar, hay que derogar. Tienen razón. Una transición no se mide por las leyes que se cambian de nombre, sino por las personas que vuelven a hablar sin miedo.
La comisión tiene la oportunidad de demostrar que el país está cambiando de verdad. Si se queda en el maquillaje, la ley seguirá viva con otro nombre y el miedo seguirá en su sitio.
¿Crees que la Ley contra el Odio debe reformarse o derogarse por completo? Te leo en los comentarios.