Rocío San Miguel tras su absolución: «Criminalizaron mis análisis»; la defensora relata casi dos años de cárcel, un hombro fracturado sin atención y pide cerrar los calabozos de la inteligencia
CARACAS / MADRID, 8 de octubre de 2026 (GAN).– La abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, absuelta el viernes 2 de octubre en el juicio de la causa conocida como «Brazalete Blanco», habló por primera vez en extenso sobre su detención. Lo hizo en una entrevista con el diario español El País, reproducida el miércoles 7 de octubre por El Nacional y El Impulso.
«Criminalizaron mis análisis, mis estudios sobre el control civil sobre las Fuerzas Armadas», afirmó San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano y una de las voces más reconocidas en asuntos de seguridad y defensa. «Ahora mi sentencia ratifica el derecho de los civiles de exigir transparencia a la Fuerza Armada», añadió.
San Miguel fue detenida en febrero de 2024 y pasó tres días desaparecida en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Estuvo recluida en El Helicoide. Allí se fracturó un hombro: tardaron cuatro meses en hacerle una radiografía y otros cuatro en operarla. «De los dos años presa, estuve sin dolor solo seis meses», relató. Sobre la vida en prisión dijo: «Ahí todo es una transacción permanente».
El 8 de enero de 2026 fue trasladada a la Embajada de España y viajó a Madrid. En mayo regresó a Venezuela para pedir la nulidad del expediente y enfrentar el juicio. La Fiscalía pedía condenarla por seis delitos, con penas de hasta 30 años. El tribunal la absolvió junto a otros tres procesados, y condenó a diez personas, entre ellas a familiares militares de la exmagistrada Bárbara César Siero, que denunció esta semana haber sido coaccionada con su detención.
San Miguel hizo una propuesta concreta: «Los organismos de inteligencia en Venezuela no pueden seguir teniendo calabozos, como pasa en la Dgcim».
Los medios difieren sobre la duración de su encarcelamiento: El Nacional habla de «dos años y nueve meses privada de libertad» y El Impulso de «casi tres años». Entre su detención, en febrero de 2024, y su salida hacia la embajada, en enero de 2026, transcurrieron unos 23 meses, lo que coincide con sus propias palabras.
Su absolución es una buena noticia, pero no repara lo vivido. Casi dos años de cárcel por estudiar a la Fuerza Armada dicen mucho del país que fue y de lo que falta cambiar. Si su sentencia reconoce que analizar a los militares no es delito, ¿quién responderá por el tiempo que le quitaron?