El Puente a la Libertad — La justicia no puede vivir solo en Nueva York: una Comisión de la Verdad venezolana para las víctimas sin pasaporte extranjero
Por Yoni Toro Gelvis
El jueves 8 de octubre, un gran jurado de Nueva York hizo pública una acusación que muchos venezolanos esperábamos desde hace años. Por primera vez, Nicolás Maduro y Cilia Flores están acusados formalmente de conspirar para torturar. El documento describe electrochoques, asfixia, golpizas, cuartos fríos con luz y música constantes y amenazas a familiares, y atribuye a Maduro una orden escalofriante: «apriétenlos más fuerte». El fiscal James McDonald prometió perseguir el caso «sin importar el tiempo transcurrido».
Siento alivio, y también una incomodidad que quiero explicar. La acusación describe a nueve víctimas, al menos tres de ellas estadounidenses. Es lógico: un tribunal federal juzga los casos de su jurisdicción. Pero las víctimas de la represión en Venezuela se cuentan por miles. Muchas no tienen pasaporte extranjero, ni abogado en Manhattan, ni un gobierno que las defienda. Si la justicia por la tortura en Venezuela ocurre solo en Nueva York, habremos externalizado nuestra memoria.
El mismo día, en Caracas, los familiares de presos políticos marchaban al Palacio de Justicia para reclamar boletas de excarcelación firmadas que nadie ejecuta. Un tribunal absolvía al periodista Carlos Julio Rojas porque no había pruebas, después de casi dos años en El Helicoide. Y Foro Penal seguía contando 322 presos políticos. La represión no es un expediente del pasado: sigue siendo presente.
Una transición democrática necesita justicia, pero también verdad. Sin verdad no hay reconciliación posible, y sin reconciliación el país seguirá dividido entre quienes callan por miedo y quienes recuerdan con rabia. Por eso propongo un plan en cuatro pasos.
Primero: una Comisión de la Verdad independiente, con mandato legal y presupuesto propio, integrada por juristas, defensores de derechos humanos y representantes de las víctimas, con apoyo de la ONU. Plazo de instalación: seis meses después del acuerdo en la mesa de diálogo. Su tarea: documentar las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones y las muertes bajo custodia, con nombres y responsables.
Segundo: un registro único de víctimas. Hoy las cifras dependen de la ONG que cuente: Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón, Provea. Hace falta un registro oficial y público, construido con esas organizaciones, que permita a cada víctima o familiar inscribirse desde Venezuela o desde el exterior.
Tercero: preservar los archivos. Cualquier acuerdo de transición debe incluir la orden de conservar, bajo custodia internacional, los registros de la DGCIM, el Sebin y los tribunales. Lo que se destruya hoy será impunidad mañana.
Cuarto: cooperación plena con la justicia internacional. Venezuela debe colaborar con la Corte Penal Internacional y con los tribunales de otros países, como el de Nueva York o la causa abierta en Argentina, entregando pruebas y testigos. Pero la meta final debe ser que los tribunales venezolanos, reformados e independientes, puedan juzgar en casa a los responsables.
Sé que hablar de justicia en plena negociación incomoda. Algunos temen que espante a quienes todavía tienen poder. Pero la experiencia de Argentina, Chile o Sudáfrica enseña que la verdad no es un obstáculo para la transición, sino su cimiento. Sin ella, las heridas vuelven a abrirse una generación después.
Las víctimas venezolanas no necesitan venganza. Necesitan que alguien escuche su testimonio, que su sufrimiento quede escrito y que nadie pueda volver a decir que no pasó.
¿Crees que Venezuela debería tener su propia Comisión de la Verdad como parte del diálogo? Te leo en los comentarios.