Delcy Rodríguez pide eliminar las penas de cárcel de la Ley contra el Odio, pero no toca su esencia
Delcy Rodríguez pidió a la Asamblea Nacional, «con carácter de urgencia», reformar la Ley contra el Odio para eliminar las penas de 10 a 20 años de prisión que contempla la norma. En la misma carta dirigida a Jorge Rodríguez, presidente de la AN, la mandataria reconoció algo que organizaciones de derechos humanos y gremios de prensa vienen documentando desde 2017: que la ley «fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo». La Asamblea instaló una comisión especial de 12 diputados oficialistas y 3 de oposición para redactar la reforma.
El gesto tiene un límite que el propio comunicado deja claro: se retiran las penas, pero se conservan los «principios» de la ley. Es decir, se elimina el instrumento más visible de la persecución —la amenaza de cárcel— sin tocar el armazón legal que permitió, durante nueve años, perseguir a periodistas y opositores por lo que publicaban o decían.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa calificó la propuesta de insuficiente. Las ONG piden derogación total, no reforma parcial.Hay, además, un vacío que la solicitud no resuelve: no hay plazo para la reforma, y no hay una sola palabra sobre qué pasará con las personas ya procesadas o condenadas bajo esta ley. Reformar la norma hacia adelante sin resolver lo que hizo hacia atrás no es justicia transicional. Es un ajuste cosmético que deja intactas tanto la arquitectura legal como sus consecuencias ya causadas.
La pregunta que este medio deja planteada: ¿reformar una ley que el propio gobierno admite que fue «mal aplicada» basta si no se liberan ni se indultan a quienes cayeron bajo ella? Eliminar la pena sin resolver la condena ya impuesta no es corregir un error. Es administrarlo.