Gente que construye el mañana
Casos concretos, primera persona, derechos humanos
Los detenidos prestaban un servicio técnico en la concentración del 22 de octubre. El partido habla de «secuestro» y alerta a la comunidad internacional. Al cierre de esta edición no había noticia de su liberación ni respuesta de la PNB.
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En la marcha del 22 de octubre, familiares de presos políticos contaron sus casos con nombre propio. Andreína Baduel acusó al Gobierno de «burlarse» de su dolor. En Ospino, una ONG denuncia un ataque a tiros contra la vivienda de un dirigente de Copei.
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Dinorah Figuera dijo que pidió a Marco Rubio «liberaciones emblemáticas» y citó su caso. El tercer ciclo del diálogo cerró sin excarcelaciones. Su familia ha denunciado problemas de salud.
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La Sala 1 había entregado el 16 de septiembre un proyecto de resolución. Según la defensa, el juez presidente usó el reposo médico de una jueza para declarar vencidos los plazos y enviar el caso a otra sala. Es la versión de la defensa; no hay respuesta del tribunal.
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Diego Casanova, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dice que las llamadas fueron «muy breves», solo para confirmar que están vivos. Esta vez no hubo golpes, según la ONG. Hay versiones distintas sobre qué cuerpo intervino la cárcel.
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Su cuñada, Yaniré Calderón, difundió un vídeo con el Observatorio Venezolano de Prisiones. Durán fue condenado en 2024 por presunta vinculación con la Operación Gedeón y trasladado a La Planta. La familia no ha recibido respuesta.
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Carrillo pasó por El Helicoide y Yare II y salió en febrero con medidas cautelares. Afronta cinco cargos. Según el SNTP y Espacio Público, es el último de más de 40 comunicadores con causas penales abiertas.
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El Observatorio Venezolano de Prisiones atribuye la muerte a la falta de atención médica. Es la segunda en ese centro desde septiembre y se suma a otra denunciada en Guárico el 14-oct. No hay respuesta del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos responsabiliza al Estado de la integridad de los reclusos. La denuncia no incluye nombres ni cifras y no hay respuesta oficial. La abogada Tamara Sujú dio su versión «por confirmar».
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Familiares y defensores del oficial retirado de la GNB denuncian que fue detenido delante de sus hijos y sometido a torturas. Está acusado de tráfico de drogas. La CIDH pidió condiciones de detención adecuadas y hoy sigue incomunicado en Tocorón.
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