El Seniat quiere ver mis cuentas; yo quiero ver las del Estado: la transparencia tiene que ir en las dos direcciones
Por Yoni Toro Gelvis
El miércoles 7 de octubre leí dos noticias que parecen de países distintos. En la primera, el superintendente del Seniat, Román Maniglia, y la superintendente de Sudeban, Anmy Pérez, anunciaron la interconexión tecnológica de sus sistemas para comparar lo que declaran los contribuyentes con lo que se mueve en sus cuentas bancarias. «Este mecanismo facilitará la verificación inmediata de las transacciones comerciales y los movimientos de cuentas», dijeron, según Finanzas Digital. En la segunda, el economista José Guerra le recordó al FMI que Venezuela no publica su PIB ni su deuda externa desde 2019, ni sus cuentas fiscales desde 2009.
Es decir: el Estado podrá ver en tiempo real lo que hace cada comerciante, pero el comerciante lleva siete años sin saber cuánto produce el país y diecisiete sin saber cómo gasta el Gobierno sus impuestos.
Que quede claro: no estoy en contra de que la administración tributaria use la tecnología. He trabajado toda mi vida con impuestos y fui Director de Administración y Finanzas de la Gobernación de Trujillo. Sé que la evasión es un problema real y que el contribuyente honesto paga más cuando otros no pagan. Los cruces de información existen en España, en Chile y en casi toda la OCDE. Aquí en Madrid, la Agencia Tributaria sabe mucho de mí, y lo acepto porque también sé mucho de ella: publica sus estadísticas, sus memorias anuales y el presupuesto se discute en el Parlamento.
Ese es el punto. El control fiscal moderno es un pacto: el ciudadano entrega información y el Estado rinde cuentas. Cuando solo una de las partes cumple, el pacto se convierte en vigilancia. Y en un país donde el secreto bancario ha sido usado antes como arma política, el anuncio no especifica qué salvaguardas tendrán los datos de millones de personas, quién podrá consultarlos ni con qué orden judicial.
Propongo cuatro medidas concretas y medibles. Primera, que antes de activar el cruce de datos se publique una resolución con las reglas: qué datos se cruzan, quién accede, con qué registro de auditoría y qué sanción tiene el funcionario que los filtre o use con fines políticos. Segunda, una ventanilla de regularización voluntaria de seis meses, sin multas, para que el pequeño comerciante pueda ponerse al día antes de que empiecen las fiscalizaciones automáticas. Tercera, reciprocidad: el Seniat debe publicar cada mes la recaudación por impuesto y por estado, y el BCV debe retomar, en un plazo de 90 días, la publicación trimestral del PIB, la balanza de pagos y la deuda. Cuarta, que una parte medible de lo que se recaude con el nuevo sistema se destine por ley a los servicios que el contribuyente ve: luz, agua y escuelas, con informe público por municipio.
Alguien dirá que el Estado necesita recaudar con urgencia. Estoy de acuerdo. Pero la recaudación más barata es la voluntaria, y la gente paga cuando sabe en qué se gasta. Si el contribuyente percibe que el cruce de datos es solo una forma de exprimirlo, buscará el efectivo, las divisas o la informalidad, y el sistema conseguirá lo contrario de lo que busca.
La transparencia no puede ser una calle de un solo sentido. Un país que se prepara para revelar una deuda de unos 238.000 millones de dólares y pedir financiación al mundo tiene que empezar por mostrar sus propias cuentas a sus ciudadanos. El mismo rigor con el que se mira al comerciante de Valera debe aplicarse al ministerio que gasta su dinero.
¿Aceptarías que el Seniat vea tus cuentas bancarias si a cambio el Estado publicara cada mes en qué gasta tus impuestos? Te leo en los comentarios.