238.000 millones de dólares: la deuda que nadie nos contó y las tres reglas para que su reestructuración no la paguen otra vez los mismos

Por Yoni Toro Gelvis

Por fin vamos a conocer la cifra. El economista Alejandro Grisanti adelantó el 7 de octubre que el asesor financiero de la República, Centerview Partners, presentará pronto un documento con las cuentas fiscales y la deuda del país, como paso previo a la reestructuración. El monto total sería «cercano a US$238.000 millones». Es una cifra difícil de imaginar en un país donde el Bono Único Familiar de octubre equivale a unos 15 dólares.

Celebro que se publique. Grisanti tiene razón cuando dice que sería «un enorme avance». Pero como economista y como alguien que manejó durante años las finanzas de una gobernación, sé que una cifra sola no dice nada. Lo importante es de dónde viene, quién la firmó, qué se compró con ella y quién la va a pagar.

Esa deuda no la contrajo el pueblo venezolano en una asamblea. Se firmó durante años con bonos de la República y de PDVSA, préstamos de China y de Rusia, laudos arbitrales por expropiaciones, deudas comerciales impagadas y compromisos entre entes del propio Estado, que según Grisanti suman unos 40.000 millones. Muchos de esos contratos nunca pasaron por un control parlamentario real. Y una parte del dinero terminó en obras que nunca se terminaron o en cuentas que hoy investigan tribunales de varios países.

Una reestructuración es una negociación entre el deudor y sus acreedores. El riesgo es que se negocie solo pensando en los acreedores y que el costo vuelva a recaer en los mismos: el maestro, el jubilado que en Lara denuncia cobrar 130 bolívares, el productor que no consigue crédito. Por eso propongo tres reglas concretas.

Primera regla: auditoría del origen. Antes de firmar cualquier acuerdo, una firma internacional independiente debe publicar, préstamo por préstamo, quién lo autorizó, para qué y dónde está el activo que financió. Si hay deuda que se contrajo de forma ilegal o para fines de corrupción, debe identificarse y negociarse aparte, como han hecho otros países.

Segunda regla: protección del gasto esencial. El acuerdo debe fijar un techo al servicio de la deuda, por ejemplo un porcentaje máximo de los ingresos petroleros, para que nunca desplace el gasto en salud, educación, agua y electricidad. Un país que paga a sus acreedores con apagones no se está recuperando: se está hipotecando.

Tercera regla: legitimidad democrática. El acuerdo final debe ser aprobado por una Asamblea Nacional surgida de elecciones libres y reconocidas. Un acreedor serio lo entenderá, porque un contrato firmado sin legitimidad es un contrato que el próximo gobierno podría cuestionar. La democracia no es un obstáculo para la reestructuración; es su mejor garantía.

José Guerra pidió al FMI que no entregue ni un dólar sin estadísticas públicas. Me sumo y voy más allá: que ningún acuerdo de deuda se firme sin la publicación previa del presupuesto nacional y de las cuentas de PDVSA. La confianza de los mercados se compra con información, y la de los ciudadanos también.

La deuda es el espejo de lo que fuimos: un Estado que gastó sin rendir cuentas. Su reestructuración puede ser el primer acto de un Estado distinto, o la repetición del mismo error con nuevos firmantes.

¿Crees que los venezolanos deberían poder votar o, al menos, conocer al detalle el acuerdo de la deuda antes de que se firme? Te leo en los comentarios.