Soberanía monetaria con un salario de 130 bolívares: por qué el debate no es dolarizar o no dolarizar, sino devolverle la confianza al bolívar
Por Yoni Toro Gelvis
El jueves 8 de octubre ocurrieron dos cosas que conviene leer juntas. En Caracas, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo ante Fedecámaras que «no es la dolarización lo que va a resolver el problema de Venezuela» y que «la soberanía monetaria es esencial para el crecimiento económico». Ese mismo día, Bloomberg Línea informó de que el dólar paralelo había superado por primera vez los 1.000 bolívares y que la brecha con la tasa oficial había llegado al 15%, mientras el Gobierno la situaba en el 11,7%.
Como economista, estoy de acuerdo con una parte del diagnóstico. La dolarización formal no es una solución mágica. Un país que renuncia a su moneda renuncia también a su política monetaria, y Ecuador o El Salvador muestran que trae estabilidad de precios, pero también rigidez cuando llegan las crisis. No es una decisión que deba tomarse por desesperación.
Pero la soberanía monetaria no se proclama en un discurso. Se gana cada día en la confianza de quien usa la moneda. Y hoy los venezolanos no confían en el bolívar por razones muy concretas: según el BCV, la inflación acumulada hasta septiembre es del 225,3%; el salario mínimo sigue congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 15 centavos de dólar al cambio oficial; y el país pasó años sin publicar su PIB ni sus cuentas fiscales. Nadie ahorra en una moneda cuyo emisor no rinde cuentas.
Hay otra cifra reveladora. Según la consultora Síntesis Financiera, citada por Bloomberg, el Gobierno ha vendido más de 12.000 millones de dólares a la banca en lo que va de año para contener el tipo de cambio, pero en septiembre esas ventas cayeron a su nivel más bajo desde abril. Cuando el ancla depende de cuántos dólares petroleros hay para vender, el bolívar no es soberano: es dependiente.
Propongo cuatro medidas concretas, con plazos, para devolverle la confianza al bolívar.
Primera: un banco central independiente. Una reforma de la ley del BCV que prohíba el financiamiento monetario del déficit y que el directorio sea designado por la Asamblea Nacional por periodos que no coincidan con el mandato presidencial. Plazo: antes de que llegue el primer desembolso de los organismos multilaterales.
Segunda: una meta de inflación pública. Que el BCV anuncie un objetivo anual de inflación descendente y publique cada mes un informe que explique por qué se cumplió o no. Lo que no se mide no se puede exigir.
Tercera: un salario que se pueda leer. El salario mínimo de 130 bolívares es una ficción contable mientras los ingresos reales se pagan en bonos que no generan prestaciones. Propongo integrar progresivamente los bonos al salario, con un calendario de 24 meses, para que las prestaciones sociales y las pensiones vuelvan a tener valor.
Cuarta: un mercado cambiario transparente. Que el BCV publique diariamente el volumen de divisas vendidas, a quién y a qué precio. Si el Estado interviene en el mercado con los dólares de todos, todos tenemos derecho a saber cómo lo hace.
La presidenta encargada prometió que desde 2027 los ingresos de los trabajadores crecerán por encima del PIB. Es un buen compromiso, pero solo será creíble si sabemos cuánto crece el PIB y cuánto vale el bolívar. Sin datos, cualquier promesa es imposible de verificar.
No se trata de elegir entre el dólar y el bolívar. Se trata de elegir entre una moneda gestionada en la opacidad y una moneda respaldada por instituciones. La primera ya la conocemos. La segunda todavía la estamos esperando.
¿En qué moneda ahorras hoy, y qué tendría que pasar para que volvieras a confiar en el bolívar? Te leo en los comentarios.