Una reforma tributaria anunciada sin texto: cinco condiciones de un tributarista para que no termine siendo otro impuesto al que sí paga
Por Yoni Toro Gelvis
El jueves 8 de octubre, ante la asamblea anual de Fedecámaras, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que habrá una reforma tributaria y que «va a ocurrir este año». Quedan menos de tres meses para que termine 2026 y, al momento de escribir estas líneas, nadie ha visto una sola línea del proyecto.
Lo digo con la experiencia de quien se especializó en derecho tributario, enseñó durante quince años en la universidad y fue Director de Administración y Finanzas de la Gobernación de Trujillo: en materia de impuestos, la forma importa tanto como el fondo. Una reforma redactada en un despacho y aprobada en pocas semanas casi siempre termina subiendo la carga a quien ya paga, porque es lo más fácil. El comerciante formal de Valera, que lleva sus libros, emite factura y declara el IVA, es el que siempre está a la vista del fisco. El que vive en la informalidad no aparece en ninguna base de datos.
La propia presidenta encargada dio una cifra que lo confirma: la recaudación no petrolera creció un 22,6%. Al mismo tiempo, el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, pidió revisar la carga tributaria. Y esta misma semana se anunció la interconexión entre el Seniat y la Superintendencia de Bancos para cruzar declaraciones con movimientos bancarios. El mensaje para el contribuyente es claro: el Estado lo vigilará más de cerca. La pregunta es qué recibirá a cambio.
Propongo cinco condiciones concretas y medibles para que la reforma sea justa y eficaz.
Primera: consulta pública de al menos 30 días. El proyecto debe publicarse completo antes de su aprobación, con un informe de impacto que diga cuánto se espera recaudar con cada cambio y quién lo pagará.
Segunda: simplificación. Venezuela tiene una maraña de impuestos nacionales, contribuciones parafiscales, tasas estatales y patentes municipales que se solapan. La reforma debería reducir el número de tributos y unificar los calendarios de pago, con una meta medible: que una pyme pueda cumplir con todas sus obligaciones en la mitad del tiempo que hoy necesita.
Tercera: eliminar los impuestos en cascada. El impuesto a las grandes transacciones financieras y otros tributos sobre el movimiento de dinero castigan la bancarización justo cuando el país necesita que el dinero vuelva a los bancos. Una reforma moderna debe gravar la renta y el consumo, no cada vez que alguien paga con tarjeta.
Cuarta: un techo a la presión fiscal combinada. La suma de impuestos nacionales, estatales, municipales y parafiscales sobre una empresa formal no debería superar un porcentaje fijado por ley, verificable cada año. Sin ese límite, la formalidad seguirá siendo un castigo.
Quinta: cuentas abiertas. Si el Estado pide más al contribuyente, debe publicar cada mes la recaudación por impuesto y por estado, y su destino. En España, donde vivo, la Agencia Tributaria publica sus estadísticas y su memoria anual. No es un lujo europeo: es la base de la confianza.
Alguien dirá que el país necesita ingresos urgentes. Es cierto. El Gobierno espera unos 12.000 millones de dólares de organismos multilaterales y proyecta un aumento del gasto. Pero la recaudación más sostenible no es la que se exprime, sino la que se paga voluntariamente porque el contribuyente ve escuelas, hospitales, agua y luz. En un país donde Motatán lleva más de 220 días con cortes de electricidad, ningún comerciante pagará con gusto un impuesto nuevo si no ve el servicio a cambio.
Una reforma tributaria puede ser el primer gran acuerdo económico de la transición o una nueva fuente de desconfianza. Depende de si se hace a puerta cerrada o con el contribuyente sentado a la mesa.
¿Qué impuesto eliminarías primero si pudieras opinar sobre la reforma? Te leo en los comentarios.