«Las boletas no sabemos dónde están»: familiares de presos políticos marchan al Palacio de Justicia y denuncian que hay entre 36 y 40 órdenes de excarcelación firmadas sin cumplir
CARACAS, 9 de octubre de 2026 (GAN).– Familiares de presos políticos marcharon el jueves 8 de octubre hasta el Palacio de Justicia de Caracas para exigir el fin del retardo procesal y atención médica urgente para los detenidos enfermos. La movilización, convocada por la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, fue vigilada por un contingente antimotines de la Policía Nacional Bolivariana, según El Nacional, El Pitazo/EFE y La Prensa de Lara.
Los familiares entregaron un documento a John Parody, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas. En él piden celeridad en las audiencias, el trámite oportuno de las solicitudes de libertad y medidas sustitutivas o pases humanitarios para los presos con la salud deteriorada.
Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández, detenido en el marco de la llamada «operación Gedeón», habló en nombre de la Alianza. Pidió atender «las dificultades que obstaculizan la tramitación oportuna de las peticiones de libertad», según EFE, y reclamó «acciones urgentes para atender a presos políticos con enfermedades graves», según El Nacional. Según la Alianza, hay unos 60 presos políticos con enfermedades crónicas o graves o con alguna discapacidad.
El reclamo más concreto tiene que ver con las boletas de excarcelación. Según la Alianza, entre 36 y 40 órdenes de libertad fueron firmadas hace semanas y todavía no se han ejecutado. «Se habla de que están trabajando, están firmando boletas, pero las boletas no sabemos dónde están», dijo Mayra Morales, familiar de un detenido, al canal VPItv, según La Prensa de Lara. Morales se dirigió directamente a Diosdado Cabello: «Señor Diosdado Cabello, ya basta. Necesitamos que liberen a los presos políticos». Y añadió: «No podemos seguir esperando que se nos mueran los presos».
Según Foro Penal, en Venezuela hay 322 presos políticos: 308 hombres y 14 mujeres; 182 civiles y 140 militares. En agosto eran 382. Ninguno de los medios consultados informó del número de asistentes a la marcha ni de una respuesta oficial del Poder Judicial.
La marcha coincidió con dos noticias que muestran la paradoja de la justicia venezolana: ese mismo día, un tribunal absolvió al periodista Carlos Julio Rojas porque no había pruebas, y en Nueva York se hizo pública una acusación por torturas contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Mientras tanto, en Caracas, decenas de órdenes de libertad firmadas esperan en algún cajón.
Una boleta de excarcelación firmada y no ejecutada no es un trámite pendiente: es una detención sin base legal. ¿Quién responde por cada día que esos presos pasan en la cárcel con su libertad ya firmada?