Uno de cada nueve solicitantes de regularización en España es venezolano

octubre 13, 2026 Redacción de Política y Democracia

Por Yoni Toro Gelvis

El Gobierno español respondió esta semana a una pregunta parlamentaria con un dato que me tocó de cerca: en la regularización extraordinaria de extranjeros se presentaron 1.174.978 solicitudes, y Venezuela es la tercera nacionalidad, con el 11,8%, detrás de Colombia y Marruecos, según recogió El Nacional. Uno de cada nueve solicitantes es compatriota mío.

Soy venezolano y vivo en Madrid como asilado político. Sé lo que significa esperar un papel que te permita trabajar, alquilar un piso o abrir una cuenta. Por eso celebro que tantos venezolanos puedan salir de la irregularidad. Es una decisión soberana de España, y no voy a entrar en el debate político de su campaña electoral: lo que pido a todos los partidos es que la democracia venezolana esté en su agenda.

Pero esa cifra también es un espejo. Detrás de cada solicitud hay alguien que tuvo que irse. Y mientras España nos ofrece papeles, el Estado venezolano todavía no nos ofrece lo básico. Este fin de semana, el Capítulo España del Bloque Constitucional denunció que la diáspora quedó excluida en la práctica de la postulación al Comité de Postulaciones Judiciales: había que entregar los documentos en persona en Caracas, en siete días, y la cédula solo se renueva dentro del país. En Chile, otro dato de esta semana: 8.243 venezolanos salieron voluntariamente en 2026 ante el endurecimiento de los controles, según su Gobierno.

Somos millones fuera y seguimos siendo ciudadanos de segunda para nuestras propias instituciones. Por eso propongo cuatro medidas concretas y medibles, que la mesa del diálogo puede asumir.

Primera: documentos sin viajar. En seis meses, todos los consulados deben poder renovar la cédula y el pasaporte, con un plazo máximo de 60 días y un costo publicado. Sin documentos no hay regularización, ni trabajo, ni voto.

Segunda: la diáspora dentro de las instituciones. Que las postulaciones a comités, consejos y concursos públicos admitan la entrega electrónica y la firma digital, para que un abogado venezolano en Madrid o en Santiago pueda postularse igual que uno en Caracas.

Tercera: convenios que funcionen. Que la Cancillería active con España mecanismos ágiles para el reconocimiento de cotizaciones, la homologación de títulos y los antecedentes penales, con un informe público de cuántos trámites se resuelven cada trimestre.

Cuarta: voto en el exterior. Antes de cualquier elección presidencial, el CNE debe abrir el registro electoral en el exterior con requisitos razonables. Hoy votar desde fuera es casi imposible para la mayoría.

Como tributarista, añado un argumento que suele olvidarse. Los venezolanos que trabajamos fuera sostenemos a millones de familias con remesas, y un Estado que facilita nuestros trámites también facilita que ese dinero llegue por canales formales, bancarizados y medibles. Cada trámite imposible empuja a la informalidad. Cada consulado que funciona es, también, una pequeña política económica.

Ninguna de estas medidas cuesta mucho dinero. Son decisiones administrativas que un gobierno que habla de transición «ordenada, institucional y verificable», como dijo Delcy Rodríguez en Roma, puede tomar mañana.

La diáspora venezolana en España trabaja, paga impuestos, emprende y envía remesas. No pedimos privilegios. Pedimos que el país que nos vio nacer no nos trate como extranjeros.

Algún día muchos querremos volver. El regreso empieza por sentir que el Estado también nos ve desde fuera.

¿Qué trámite te ha resultado más difícil como venezolano en el exterior? Te leo en los comentarios.

Fuentes: El Nacional/Europa Press (12-oct-2026); El Nacional (11-oct-2026, Bloque Constitucional); El Nacional/EFE (12-oct-2026, Chile); Efecto Cocuyo/EFE (12-oct-2026).