Defensa de Caguaripano denuncia que el juez presidente desvió la apelación

Redacción GAN · Testimonio y Denuncia

VALENCIA, Carabobo, 22 de octubre de 2026 (GAN).– La defensa del capitán Juan Carlos Caguaripano, condenado a 30 años de prisión por el asalto al Fuerte Paramacay del 6 de agosto de 2017, denunció que el presidente del Circuito Judicial Penal de Carabobo, el juez Carlos Alberto Bonilla Álvarez, sacó su apelación de la sala que ya tenía preparado un proyecto de decisión, según informó Efecto Cocuyo en una nota publicada el martes 20 de octubre.

El abogado Juan Luis González Taguaruco explicó en la red social X que la apelación había sido admitida en agosto y que el 16 de septiembre el juez Alejandro Chirimelli, de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones, entregó un proyecto de resolución. Según la defensa, Bonilla emitió entonces la Resolución 004-2026, en la que usó los 21 días de reposo médico de la jueza Scarlet Mérida para declarar vencidos los lapsos. Con un oficio del 7 de octubre envió los cuatro volúmenes del expediente a la Sala 2.

«Es realmente escandaloso», escribió González Taguaruco. El abogado recordó además el papel de Bonilla en el juicio original: «Fue quien instruyó al ‘juez’ Luis Francisco Ovalles, para dictar el fallo condenatorio esa misma noche», dijo, y denunció que la sentencia se dictó «sin estar presentes sus abogados», según Efecto Cocuyo.

El cambio de sala obliga, en la práctica, a empezar de nuevo el estudio de la apelación y aleja una decisión sobre la condena. La defensa no ha informado de una nueva fecha de audiencia. Ni el juez Bonilla ni el Circuito Judicial Penal de Carabobo se han pronunciado sobre la denuncia.

Caguaripano es uno de los presos militares más conocidos del país. Fue detenido en 2017, días después del asalto al fuerte de Valencia, y organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años las condiciones de su reclusión. Foro Penal contaba 322 presos políticos al 5 de octubre.

La denuncia coincide con el cierre del tercer ciclo del diálogo, en el que el Gobierno y la oposición acordaron revisar la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para precisar qué se entiende por terrorismo, y con la promesa de renovar el Tribunal Supremo de Justicia antes de fin de año.

Una apelación que cambia de manos justo cuando estaba a punto de resolverse no inspira confianza en ningún tribunal. La renovación judicial que se negocia en Caracas tendrá que demostrarse también en las cortes de los estados. ¿Responderá el Circuito Penal de Carabobo a esta denuncia?

Fuentes: Efecto Cocuyo (20-oct-2026); Infobae (10-oct-2026, Foro Penal); El Nacional e Infobae/EFE (21-oct-2026, acuerdos del diálogo).

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