Intoxicaciones en Trujillo: 20 meses de casos, un detenido y ningún informe

Investigación: Redacción Gente Activa News

TRUJILLO, 22 de octubre de 2026 (GAN).– La policía del estado Trujillo anunció esta semana la primera detención relacionada con las intoxicaciones en escuelas. En el sector Morón de Valera, funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Trujillo (Cpet) capturaron a un hombre identificado como «Rangel Y.», presunto integrante de la banda «El Cagón», y le incautaron granadas de gas lacrimógeno, polvo químico, raticida, limpiahornos y cloro, según El Informador, Diario de Los Andes y Últimas Noticias. Según la minuta policial, los peritajes del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) indican que lo incautado «coincide con los componentes detectados» en los planteles. Es la primera vez que una autoridad menciona un análisis químico. Pero ese análisis no se ha publicado, no se sabe a qué plantel corresponde y nadie con nombre propio lo ha explicado.

Mientras tanto, los casos siguen. El martes 20 de octubre, dos docentes y dos alumnos de la escuela César LaBastidas de Burbusay, en Boconó, y luego un joven de 16 años, llegaron al ambulatorio con náuseas, mareos y dificultad para respirar. Una de las docentes fue trasladada al Hospital Rafael Rangel en un vehículo particular porque la ambulancia de la parroquia no tiene cauchos, según Diario de Los Andes. Solo en octubre, los afectados en Boconó rondan los 30.

No son hechos aislados. Gente Activa News revisó más de 40 publicaciones de medios regionales y nacionales, verificó sus fechas en los metadatos de cada página y reconstruyó la cronología de los episodios registrados en el estado Trujillo desde 2025. El resultado es un patrón que se repite: estudiantes y docentes que se marean, se desmayan o no pueden respirar; planteles evacuados; versiones oficiales que hablan de «sabotaje», de un «plan» o de una «sustancia alérgena», y, hasta hoy, ningún resultado de laboratorio publicado.

La cronología: de Valera a Boconó

El primer episodio documentado con fecha verificada ocurrió entre finales de enero y febrero de 2025 en Valera. Durante dos semanas, al menos 40 estudiantes y tres docentes del colegio Juan Germán Roscio y de la escuela Antonio Nicolás Briceño presentaron dolor de cabeza, dolor abdominal y pérdida de conciencia. «Hasta el momento las autoridades no han podido determinar la causa exacta de la intoxicación», dijo entonces Luis Gudiño, del Consejo Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Valera, según Diario de Los Andes (13 de febrero de 2025). El dirigente de Primero Justicia Emilio Fajardo sitúa el inicio aún antes, en junio de 2024, en la escuela José Luis Faure de La Puerta, pero GAN no ha podido verificar ese caso en otra fuente.

Fecha	Lugar	Afectados (según la fuente)	Síntomas reportados	Fuente
Ene.-feb. 2025	Col. Juan Germán Roscio y Esc. Antonio Nicolás Briceño (Valera)	≥40 estudiantes y 3 docentes	Cefalea, dolor abdominal, pérdida de conciencia	Diario de Los Andes (13-feb-2025)
~29-30 oct. 2025	Liceo Ignacio Carrasquero (Escuque), en un acto escolar	~40, incluidos 16 médicos y enfermeras	Pérdida de conciencia, taquicardia, vómitos; «olor fuerte y desconocido»	Primicia (30-oct-2025)
19 nov. 2025	Col. Ntra. Sra. de la Paz y U.E. José Luis Faure (La Puerta)	55 niños y 1 trabajador; 20 en la segunda escuela	Mareo, náuseas, vómito, dificultad respiratoria	Últimas Noticias (22-nov-2025)
20 o 21 nov. 2025	U.E. San Vicente de Paúl (Valera)	8	Dolor abdominal, vómito, picazón	Diario de Los Andes (21-nov-2025)
3 feb. 2026	Liceo Padre Durán, Burbusay (Boconó)	«Un grupo de estudiantes»	Dificultad respiratoria; se sospechó de un agroquímico	Diario de Los Andes (4-feb-2026)
Mar. 2026	U.E. Enrique Flores (Miranda) y El Jaguito (Andrés Bello)	Sin cifra	Convulsiones, asfixia, reacciones en la piel	Colegio de Profesores vía Diario de Los Andes (19-mar-2026)
8 abr. 2026	Esc. Manuelita Sáenz y Ciclo Combinado de Santa Apolonia	«Varias personas»	Erupciones en la piel; «fuerte olor»	Diario de Los Andes (8-abr-2026)
7 oct. 2026	Liceo Las Palmas y C.E. José Félix Ribas (Andrés Bello); Col. San Vicente de Paúl (Valera)	51 pacientes según la autoridad de salud	Mareo, náuseas, irritación respiratoria, cefalea, picazón	El Nacional, El Informador, Contrapunto (7-8 oct-2026)
13 oct. 2026	Liceo Padre Durán, Burbusay (Boconó)	~11 estudiantes y un docente	Náuseas, problemas respiratorios	Diario de Los Andes (14-oct-2026)
14 oct. 2026	U.E. Fabricio Ojeda (La Ceiba), en una asamblea	«Varios» docentes, estudiantes y representantes	Desmayos	Versión Final (15-oct-2026)
15 oct. 2026	UPTT Mario Briceño Iragorry, núcleo San Luis (Valera)	7 según Versión Final; 3 según El Pitazo	Mareo, cambios de presión, desmayo, picazón	El Pitazo (15-oct), Versión Final (16-oct-2026)
15-18 oct. 2026	Burbusay: liceo y viviendas	«Más de 20»	Ídem	El Nacional (18-oct-2026)
16 oct. 2026 (noche)	Hospital Rafael Rangel (Boconó)	8 trabajadores: 2 médicos, 4 enfermeras, 2 camareras	Náuseas, mareo intenso, dificultad respiratoria	El Informador (17-oct), El Nacional (18-oct-2026)
19 oct. 2026	Zona rural de San Rafael (Boconó)	Una niña de 12 años	Náuseas, dificultad respiratoria	Diario de Los Andes (19-oct-2026)
20 oct. 2026	Esc. César LaBastidas, Burbusay (Boconó)	2 docentes, 2 alumnos y un joven de 16 años	Náuseas, dificultad respiratoria, mareos	Diario de Los Andes (20-oct-2026)

El caso de Escuque, a finales de octubre de 2025, marcó un salto: entre los cerca de 40 afectados durante un acto escolar había siete enfermeras y nueve médicos, según Primicia. Treinta y uno fueron atendidos en el CDI José Antonio Hernández y siete trasladados al Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo (HUPEC) de Valera. «Todos los pacientes están estables y fuera de peligro», dijo el director del HUPEC, Germán Serrano.

En marzo de 2026, la presidenta del Colegio de Profesores de Trujillo, Iraly Guerrero, denunció «el traslado de ambulancias y el colapso de un ambulatorio en el municipio Miranda», con casos que «han requerido hospitalización por obstrucción de las vías respiratorias». Guerrero enumeró planteles afectados desde noviembre de 2025 en Valera, Motatán, Carvajal, Santa Isabel, Mendoza Fría y Los Cerrillos, y contó que funcionarios del CICPC en Miranda habían señalado al árbol araguaney como posible fuente. Cuestionó que esa explicación se aplicara a todo el estado. En abril, El Nacional publicó una lista de 18 planteles en ocho municipios, atribuida a la docente y activista Viviana Save.

La ola de octubre de 2026 empezó el día 7, hacia las diez de la mañana, de forma casi simultánea en Andrés Bello y en Valera. Protección Civil evacuó el liceo Las Palmas, cerca de la alcabala de Agua Viva. «Se recibieron un total de 51 pacientes que fueron atendidos paulatinamente de acuerdo al triaje o grado de complejidad», dijo Germán Serrano, ahora autoridad única de salud del estado, según Contrapunto. Los pacientes quedaron «en observación» y fueron descritos como «estables».

Una semana después, el foco se desplazó a Boconó. El martes 13 enfermaron unas once personas en el liceo Padre Durán de Burbusay, el mismo plantel donde en febrero el personal había sospechado de «los olores de algún agroquímico que fue utilizado en los alrededores». El jueves 15, en la Universidad Politécnica Territorial de Valera, una estudiante contó: «Cuando me fui a parar no podía caminar (…) me desmayé ahí». La noche del viernes 16, ocho trabajadores del Hospital Rafael Rangel se sintieron mal después de atender a tres pacientes llegados de Burbusay. Recibieron oxígeno, el hospital activó un protocolo de descontaminación y pasó a atender solo emergencias. Y el martes 20, la escuela César LaBastidas suspendió las clases tras los cinco nuevos casos.

La detención de Valera: lo que se sabe y lo que no

Según la versión policial, difundida primero por El Informador el 20 de octubre y después por Diario de Los Andes, Últimas Noticias y 2001online el 21, el detenido intentó huir en moto y tenía una orden de aprehensión del Tribunal Décimo Cuarto de Control. La operación contó con el apoyo de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) N.º 23. Además de los químicos, se incautaron la moto y un teléfono celular. «En el equipo telefónico se logró evidenciar contenido relacionado con los ataques perpetrados a Unidades Educativas del estado Trujillo», dice la minuta, recogida por Últimas Noticias. El caso pasó a la Fiscalía de Flagrancia y a la Fiscalía Novena, y la policía anuncia más detenciones.

La detención es un dato nuevo y relevante, porque por primera vez la tesis de una acción deliberada, que defienden el gobernador Gerardo Márquez y el alcalde de Andrés Bello, tiene un sospechoso y unos objetos incautados. Pero la información disponible deja muchas preguntas abiertas.

Primero, el vínculo. Ninguna de las notas publicadas relaciona al detenido con un plantel concreto, ni con Burbusay o Boconó, donde se concentran los casos de octubre. Segundo, el peritaje. La minuta habla de un análisis del IVIC y de Protección Civil, pero no se ha publicado, no dice qué sustancia se identificó, ni en qué muestras: si en el aire, en superficies o en la sangre de los afectados. Tercero, la coherencia de los objetos con los síntomas. El gas lacrimógeno produce ardor de ojos y garganta, tos y lagrimeo, y el cloro mezclado con otros productos de limpieza puede liberar gases irritantes. Son hipótesis compatibles con algunos de los síntomas reportados, como la irritación respiratoria, pero no explican por sí solas los casos sin olor ni los de picazón en la piel, y el raticida suele actuar por ingestión, no por inhalación. Cuarto, el procedimiento. No se conoce el nombre completo del detenido, ni su imputación formal, ni la fecha de su audiencia de presentación.

Una detención no sustituye un informe sanitario. Si el IVIC tiene resultados, publicarlos con su método y sus muestras es la forma más rápida de dar certezas a las familias y de sostener cualquier acusación ante un tribunal.

Lo que dicen las autoridades

La explicación oficial ha cambiado según el momento y el vocero.

En abril, el gobernador Gerardo Márquez habló de un presunto «plan» para desestabilizar con sustancias tóxicas, según El Diario. El 7 de octubre repitió la tesis: «Los organismos de seguridad se encuentran desplegados e investigando estos hechos», dijo, y se refirió a «presuntos ataques con sustancias tóxicas», según El Nacional.

El alcalde de Andrés Bello, José Reyes, fue más lejos. «Estos deplorables actos de intoxicación masiva responden a una agenda de sabotaje», afirmó en un comunicado, y atribuyó los hechos a la «extrema derecha» y a «sectores fascistas» que buscarían «ensombrecer» el aniversario de la victoria electoral de Hugo Chávez en 2012. No presentó pruebas. La detención de Valera, por ahora, no aporta ningún elemento sobre una motivación política: la policía habla de una banda delictiva.

La autoridad sanitaria ofreció otra versión: Serrano atribuyó los síntomas a una «sustancia alérgena en el ambiente», sin identificarla. La Defensoría del Pueblo visitó el HUPEC y anunció una mesa con el Ministerio Público, la Zona Educativa y los cuerpos de seguridad para «determinar el origen exacto de la sustancia inhalada o consumida». «Mantendremos la vigilancia sobre su recuperación mientras se coordinan las investigaciones correspondientes», declaró. Quince días después, esa mesa no ha publicado ningún resultado.

En la UPTT intervinieron Bomberos, la Unidad de Epidemiología de Valera, el CICPC, el Sebin y la Policía Comunal. En La Ceiba, tras el episodio del 14 de octubre, los representantes cerraron el portón de la escuela Fabricio Ojeda en protesta, y el Comité Oswaldo Arenas por los Derechos Humanos denunció en X detenciones de representantes por parte del Sebin, sin precisar cuántas. GAN no ha podido confirmar esas detenciones con otra fuente.

Desde la sociedad civil, Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, respondió a la tesis del sabotaje: «La primera medida de cualquier autoridad pública tiene que ser solidarizarse con las víctimas», dijo a El Diario. Emilio Fajardo, de Primero Justicia, pidió publicar los informes toxicológicos y epidemiológicos: «No pueden politizar la salud». El diputado Antonio Ecarri apuntó al Programa de Alimentación Escolar: «Si el PAE no funciona y cuando funciona intoxica, la responsabilidad es doble», aunque ningún reporte vincula los episodios con la comida.

Las muestras que nadie ha visto

Hasta la minuta policial de esta semana, GAN no había encontrado en ninguna fuente pública una sola referencia a resultados de laboratorio sobre los episodios de Trujillo: ni del IVIC, ni del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ni del Centro de Investigaciones Toxicológicas (CIATOX), ni de Medicina Forense. Un portal agregador de baja fiabilidad informó en abril de que se enviaron muestras ambientales y biológicas a «laboratorios especializados en Caracas». Seis meses después, no hay resultados conocidos. El peritaje del IVIC que ahora cita la policía es la primera mención de un análisis, pero sigue sin documento público.

Trujillo tampoco es una excepción en el país. En noviembre de 2024, una ola de intoxicaciones escolares en Barinas, Portuguesa y Mérida llevó al entonces ministro de Interior, Diosdado Cabello, a culpar a los retos virales en redes sociales, como el llamado chroming, la inhalación de sustancias. El CICPC investigó, hubo detenidos y no se publicaron resultados. En junio de 2026, El Pitazo contabilizaba más de 30 episodios en el país desde 2024 y explicaciones preliminares tan dispares como una fumigación en Monagas o un perfume en Apure, sin ningún informe forense o toxicológico publicado. Cada ola recibe una explicación distinta; ninguna se demuestra.

Cuatro hipótesis y lo que haría falta para probarlas

Con la información disponible, ninguna causa puede darse por probada. GAN identificó cuatro hipótesis y lo que cada una necesitaría para confirmarse.

Una acción deliberada. Es la tesis del gobernador y del alcalde de Andrés Bello, y la detención de Valera la refuerza por primera vez. Para darla por probada haría falta publicar el peritaje del IVIC, identificar la sustancia en las muestras de los planteles o de los afectados, vincular al detenido con episodios concretos y llevar el caso a juicio con pruebas. Aun si se confirmara para algunos planteles, no explicaría automáticamente los 20 meses de casos en municipios distintos.

Agroquímicos o fumigación. Es la más plausible en Burbusay, una zona de cultivos donde el propio personal la planteó en febrero. Los organofosforados y carbamatos, de uso común en la agricultura andina, inhiben la enzima colinesterasa. La prueba existe y es sencilla: medir la acetilcolinesterasa en los glóbulos rojos de los afectados. Estudios publicados en la revista del Instituto Nacional de Higiene ya habían detectado niveles más bajos de esta enzima en mujeres que viven cerca de cultivos fumigados en el páramo de Mérida. Si en Boconó se hizo esta prueba, sus resultados no se han dado a conocer.

Un gas en espacios cerrados. El monóxido de carbono u otros gases podrían explicar mareos y desmayos en aulas o en un hospital. Pero la carboxihemoglobina, el marcador del monóxido, se mide en sangre, no con un oxímetro, y desaparece rápido: con oxígeno al 100% su vida media baja a entre 60 y 90 minutos, según la literatura médica. Como al personal del hospital de Boconó se le dio oxigenoterapia, una muestra tomada tarde podría salir normal aunque hubiera habido exposición.

Un fenómeno psicogénico colectivo. La literatura científica describe brotes en escuelas en los que el miedo a un tóxico, a menudo desencadenado por un olor o un rumor, provoca síntomas reales sin una causa química. El caso clásico ocurrió en McMinnville, Tennessee, en 1998: 80 estudiantes y 19 empleados fueron a urgencias tras un olor a gasolina, y los análisis de sangre, orina y aire no hallaron nada, según el New England Journal of Medicine. En El Carmen de Bolívar, Colombia, en 2014, el Instituto Nacional de Salud analizó 629 casos y planteó esa misma hipótesis como la más probable. Pero es un diagnóstico de exclusión: solo puede plantearse después de descartar una causa tóxica con pruebas tomadas a tiempo. Ninguna autoridad ni experto la ha planteado para Trujillo, y sin análisis, afirmar que se trata de «histeria» sería tan infundado como dar por probado el sabotaje.

Las hipótesis no se excluyen entre sí. Un ataque con un irritante en un plantel puede convivir con exposiciones a agroquímicos en otro y con una ola de miedo que multiplica los síntomas en un tercero. Por eso cada episodio necesita su propia investigación.

El brote en el hospital de Boconó no resuelve el dilema. Existe la contaminación secundaria real: en el año 2000, en Georgia (Estados Unidos), tres trabajadores de urgencias se intoxicaron al atender a un paciente que había ingerido un plaguicida organofosforado y no fue descontaminado, según los CDC. Pero un brote entre quienes atienden a los afectados también encaja en un patrón de contagio por sugestión. Lo que permite distinguir un caso de otro son signos objetivos, como pupilas contraídas o ritmo cardíaco lento, y biomarcadores en sangre. De nuevo: análisis.

La Organización Mundial de la Salud publicó en 2021 un manual para investigar brotes de posible origen químico. Recomienda definir qué es un caso, aplicar una encuesta epidemiológica estandarizada, trazar la curva de cuándo enfermó cada persona y dónde estaba, y tomar muestras de sangre, orina, aire, agua y alimentos en las primeras horas, con cadena de custodia. Es un procedimiento conocido y barato en comparación con el costo de mantener escuelas cerradas y familias con miedo.

Lo que se observa en los datos

Sin pretender un análisis epidemiológico, los reportes muestran algunos rasgos comunes. En los casos con hora conocida, los episodios ocurrieron por la mañana, hacia las 10:00 o las 10:30, y varios durante actividades colectivas, como un acto escolar o una asamblea. En Escuque, La Ceiba y Burbusay se reportó un olor; en la mayoría de los episodios de octubre de 2026, no. Varios reportes mencionan picazón o erupciones en la piel, un síntoma que no encaja bien con la exposición a un gas. Y los afectados suelen ser dados de alta como «estables» en pocas horas, aunque no hay cifras oficiales de altas ni de hospitalizaciones prolongadas.

Tampoco hay un registro oficial consolidado. Diario de Los Andes calculó que el episodio de Burbusay del 13 de octubre «sería la intoxicación número 43» en el estado, una cifra que no tiene desglose ni ha sido confirmada por ninguna autoridad. Las cifras de afectados del 7 de octubre se atribuyen a Valera según la Defensoría y a Andrés Bello según la autoridad de salud.

Las preguntas que deben responder

Gente Activa News formula públicamente estas preguntas a la Gobernación de Trujillo, a la Autoridad Única de Salud, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a la Zona Educativa y al Cuerpo de Policía del Estado Trujillo:

1. ¿Qué sustancia identificó el peritaje del IVIC citado por la policía, en qué muestras y de qué planteles? ¿Cuándo se publicará?
2. ¿Con qué episodios concretos se vincula al detenido de Valera? ¿Se le relaciona con los casos de Burbusay y Boconó? ¿De qué se le acusa formalmente?
3. ¿Se tomaron muestras de sangre y orina a los afectados en las primeras horas? ¿Cuántas, con qué cadena de custodia y a qué laboratorio se enviaron?
4. ¿Se midieron la colinesterasa y la carboxihemoglobina? ¿Antes o después de administrar oxígeno?
5. ¿Qué pasó con las muestras de abril de 2026? ¿Por qué no hay resultados seis meses después?
6. ¿Cuál es la «sustancia alérgena» mencionada por la autoridad de salud y en qué se basa esa afirmación?
7. ¿Hubo fumigaciones en los planteles o en los cultivos vecinos en los días previos, en Burbusay y en Andrés Bello? ¿Con qué productos?
8. ¿Se descontaminó a los pacientes de Burbusay antes de atenderlos en el Hospital Rafael Rangel? ¿Qué halló la inspección del hospital?
9. ¿Cuántas personas detuvo el Sebin en La Ceiba y por qué?
10. ¿Existe un registro oficial de todos los episodios en el estado, con fechas, afectados, edades y evolución clínica? ¿Se aplicó el protocolo de la OMS para brotes de posible origen químico?

Veinte meses después del primer caso documentado, los padres de Trujillo siguen enviando a sus hijos a clase sin saber a qué se exponen. Ahora hay un detenido y un peritaje mencionado en una minuta, pero no hay un solo informe público. Si la policía tiene pruebas, mostrarlas es la mejor forma de proteger a los niños y de sostener la acusación. La transparencia no es un favor a la prensa: es la primera medida de salud pública. ¿Cuántos niños más tienen que llegar a una emergencia para que alguien publique un análisis de laboratorio?

Fuentes principales: Diario de Los Andes (13-feb-2025; 21-nov-2025; 4-feb-2026; 19-mar-2026; 8-abr-2026; 7, 14, 19, 20 y 21-oct-2026; fechas verificadas en metadatos); El Informador (8, 15, 17 y 20-oct-2026); Últimas Noticias (22-nov-2025; 21-oct-2026); 2001online (21-oct-2026); Primicia (30-oct-2025); El Nacional (11-abr-2026; 7, 9, 16 y 18-oct-2026); El Diario (11-abr-2026; 9-oct-2026); Contrapunto (8-oct-2026); Efecto Cocuyo (8-oct-2026); NTN24 (8-oct-2026); El Pitazo (7 y 15-oct-2026; 20-jun-2026); Versión Final (15 y 16-oct-2026); Reporte Confidencial (16-oct-2026); Confirmado y El Impulso (12-oct-2026); El Espectador/EFE (16-nov-2024). Literatura científica: Jones et al., NEJM 2000;342:96-100; Bartholomew y Wessely, Br J Psychiatry 2002;180:300-306; CDC, MMWR 49(51), 2001; OMS, «Manual for investigating suspected outbreaks of illnesses of possible chemical etiology» (2021); Rojas et al., Rev. INHRR 44(1), 2013; Baltar-Moreno et al., Rev. Gerencia y Políticas de Salud 21 (2022).

Sigue leyendo

RegionalesBurbusay suma nuevos casos de intoxicación y Boconó llega a 30 afectadosoctubre 23, 2026RegionalesHasta 12 horas sin luz en la frontera del Táchira y la ley eléctrica esperaoctubre 23, 2026RegionalesUn soldado mata a tres compañeros en la Base Aérea de Santo Domingo, Táchiraoctubre 22, 2026