El Puente a la Libertad — Protestar sin miedo es la primera garantía

Por Yoni Toro Gelvis

El jueves 22 de octubre ocurrieron en Caracas dos escenas que conviene mirar juntas. En el Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez recibió por primera vez a Dinorah Figuera y habló de «avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos». A pocos kilómetros, miles de venezolanos marchaban por «elecciones ya». Al terminar, según denunció Vente Venezuela, la Policía Nacional Bolivariana detuvo a siete trabajadores que manejaban los camiones de sonido y se llevó tres vehículos.

Quiero reconocer lo que vale. Que la marcha pudiera hacerse, con miles de personas en Caracas y movilizaciones en 12 estados, es un dato que hace un año habría sido difícil de imaginar. Que la presidenta encargada reciba a la jefa de la delegación opositora también lo es. El diálogo produce gestos, y los gestos importan.

Pero una transición no se mide por las fotos en los palacios, sino por lo que le pasa a un ciudadano corriente el día que protesta. Y el jueves, a un técnico de sonido le pasó lo peor: terminar detenido sin que su familia supiera dónde estaba. Rony Suárez, Yanail Castro, Daniel Colmenares, Andruws Pineda, Ramón Brizuela y Ronaike Suárez no son dirigentes. Son trabajadores. Si ellos no pueden hacer su oficio sin miedo, la garantía política es solo una frase.

También hay que decirlo hacia dentro. En la tarima opositora, un periodista de Efecto Cocuyo fue bajado a la fuerza tras ser llamado «infiltrado», y una reportera gráfica recibió un puntapié de un encargado de seguridad, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Quien exige libertad no puede negársela a la prensa. La autoridad moral de la oposición se gana también ahí.

La mesa acordó revisar la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Es la oportunidad de convertir el derecho a protestar en una regla y no en un permiso. Por eso propongo seis medidas que pueden exigirse antes de la cuarta ronda del 11 de noviembre.

Primera: la liberación inmediata de los siete técnicos o, si hay acusación, su presentación ante un juez en 48 horas, con abogados de confianza y su lugar de reclusión informado a las familias.

Segunda: un protocolo público de actuación policial en manifestaciones, que prohíba detener a trabajadores de apoyo y decomisar equipos sin orden judicial.

Tercera: que la reforma de la ley de manifestaciones sustituya la autorización previa por una simple notificación, como en las democracias europeas.

Cuarta: una mesa de seguimiento con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y las ONG de derechos humanos, que publique cada mes las detenciones y agresiones en protestas, vengan de quien vengan.

Quinta: que los partidos opositores adopten un código de conducta con la prensa en sus actos, con sanción para quien agreda a un periodista.

Sexta: incluir en la declaración de la cuarta ronda un compromiso escrito de no detener a nadie por participar en una protesta pacífica.

Escribo desde Madrid, donde cada semana hay manifestaciones de todo signo y la policía protege el recorrido en lugar de perseguir a quien lleva el altavoz. No es una concesión del Gobierno de turno: es una regla que nadie se atreve a tocar. Ese es el puente que Venezuela necesita cruzar.

Las garantías políticas «para todos» se demuestran el día después de una marcha. Hoy hay siete familias esperando esa demostración.

¿Qué garantía para la protesta debería firmarse en la cuarta ronda del diálogo? Te leo en los comentarios.

Fuentes: Infobae (22-oct-2026); Efecto Cocuyo (22-oct-2026); El Carabobeño/EFE (22-oct-2026); Runrun.es (23-oct-2026); El Nacional (22-oct-2026); El Nacional (21-oct-2026, acuerdos del diálogo).

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