El Puente a la Libertad

El Puente a la Libertad — Un TSJ nuevo se elige a la vista de todos

Por Yoni Toro Gelvis

El martes debía ser el día. La Asamblea Nacional iba a designar a los doce representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, y este miércoles el comité debía instalarse. No hubo sesión. Es el segundo aplazamiento en una semana. Nadie explicó por qué.

Ese mismo día, Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo, dijo a El Nacional: «En noviembre. Como máximo, en diciembre tendremos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia». Ojalá. Pero los plazos no cuadran: una vez instalado, el comité tiene 54 días continuos para el proceso. Si se instala esta semana, termina a mediados de diciembre. Cada aplazamiento empuja el TSJ hacia 2027, y con él, la fecha electoral.

Porque de eso se trata. La propia Figuera lo dijo con claridad: «Para poner fecha a las elecciones, debemos antes desmontar el aparato alrededor del proceso electoral». Un TSJ es el árbitro final de cualquier elección: decide impugnaciones, inhabilitaciones y conflictos. Si el árbitro sale del mismo molde que el anterior, la elección nacerá cuestionada.

Las señales no son alentadoras. Transparencia Venezuela revisó los 127 aspirantes y encontró vínculos partidistas en 52: trece militantes del PSUV, treinta con nexos oficialistas y nueve de otros partidos. Y Foro Penal, premiado ese mismo martes por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, advirtió por boca de Gonzalo Himiob que de nada sirven jueces «impolutos» si no se reforman las leyes que permitieron la persecución.

He escrito antes que la transición venezolana se juega en las instituciones tanto como en la calle. El TSJ es el puente entre la mesa de diálogo y unas elecciones libres. Si ese puente se construye a puerta cerrada, nadie confiará en cruzarlo.

Por eso propongo cinco reglas, medibles y fáciles de verificar, que la delegación opositora puede exigir en la cuarta ronda del diálogo.

Primera: designar a los doce civiles del comité antes del jueves 29 de octubre, en sesión pública, con votación nominal.

Segunda: publicar en la web de la Asamblea las hojas de vida de los 127 aspirantes y de todos los candidatos a magistrado, con una declaración jurada de militancia partidista.

Tercera: audiencias públicas transmitidas en directo para cada candidato a magistrado, con preguntas de la sociedad civil, las universidades y los colegios de abogados.

Cuarta: un plazo de diez días para que cualquier ciudadano presente objeciones documentadas, con respuesta motivada y pública del comité.

Quinta: que ningún magistrado elegido haya ejercido cargos de dirección partidista en los últimos años, como exige el espíritu de la Constitución.

Ninguna de estas reglas cuesta dinero. Todas cuestan voluntad política, y esa es precisamente la materia prima que una transición seria debe demostrar en cada paso. Y todas permiten que el país compruebe, como pide Figuera, que la esperanza está acompañada de resultados.

Escribo desde Madrid, donde la renovación de los órganos judiciales también ha generado años de bloqueo político. La lección española es clara: cuando la selección de jueces se convierte en un reparto entre partidos, la justicia pierde la confianza de la gente. Venezuela no puede permitirse ese error en plena transición.

El jueves, miles de venezolanos saldrán a la calle a pedir una fecha electoral. Esa fecha pasa por un tribunal que el país pueda mirar a los ojos.

¿Qué regla te parece imprescindible para elegir un TSJ creíble? Te leo en los comentarios.

Fuentes: Efecto Cocuyo (20-oct-2026); El Nacional (20-oct-2026, Comité y entrevista a Figuera); Infobae/EFE (20-oct-2026, Foro Penal); Crónica Uno (20-oct-2026).

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