Arranca la comisión que reformará la Ley contra el Odio, mientras Diosdado Cabello la defiende: «Sirvió para frenar mucho desvarío»
CARACAS, 6 de octubre de 2026 (GAN).– La Asamblea Nacional instaló el lunes 5 de octubre la comisión especial que revisará y reformará la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La preside el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, y la integran once diputados: ocho del oficialismo y tres de la oposición. La revisión del articulado empieza este martes 6 de octubre. La propuesta irá primero al Tribunal Supremo de Justicia para su validación y después al pleno.
Por el oficialismo forman parte Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina García Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jehyson Guzmán y Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente detenido en Nueva York. Por la oposición, Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Lima. «¿Qué hemos definido? Una ruta que por supuesto traerá consigo el encuentro, el debate, la revisión con distintas instancias de la sociedad venezolana», explicó Infante, según El Nacional. Y añadió: «Seguro nos encontraremos con víctimas y afectados del odio, la violencia, y también que fueron de alguna manera afectados por la implementación inadecuada de la ley».
La ley, aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, prevé penas de hasta 20 años de prisión. Según Foro Penal, desde entonces 927 personas han sido imputadas bajo esta norma: seis siguen presas y 638 tienen medidas cautelares.
En paralelo, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, salió en defensa del texto. Según El Nacional, afirmó que la ley «sirvió para frenar mucho desvarío como funcionó la Asamblea Constituyente de 2017» y que «fue una necesidad más allá del uso que se le pudo haber dado». También dijo: «Ojalá no hubiese necesidad de una Ley contra el Odio, sería extraordinario». Sobre los opositores que regresaron del exilio, sostuvo que «nadie los perseguía, y volvieron a Venezuela y no ha pasado nada».
Las declaraciones de Cabello marcan una tensión visible dentro del oficialismo: la reforma la impulsó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la comisión ya reconoce «implementación inadecuada». En Puerto Ordaz, sindicalistas de Guayana exigieron el mismo lunes que la ley no se reforme, sino que se derogue.
La composición de la comisión deja una pregunta abierta. Con ocho votos oficialistas de once, y con el TSJ como filtro previo, la reforma dependerá de la voluntad del mismo bloque que aprobó y aplicó la ley. Si uno de sus principales dirigentes sigue defendiéndola como necesaria, ¿cuánto margen real tendrán las víctimas para ser escuchadas?