El Puente a la Libertad — Un Supremo elegido a la vista de todos: cinco condiciones para que el Comité de Postulaciones del jueves 15 no repita los vicios del pasado
Por Yoni Toro Gelvis
El jueves 15 de octubre puede ser una de las fechas más importantes de la transición, aunque no salga en los titulares internacionales. Ese día, según Juan Miguel Matheus, de la delegación opositora en el diálogo, debería quedar designado y juramentado el Comité de Postulaciones Judiciales: 12 representantes de la sociedad civil, elegidos entre 127 aspirantes, y 11 diputados. De ese comité saldrá el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. La Embajada de EE.UU. habla de una ley para designar a 32 magistrados antes de diciembre.
Matheus lo dijo con claridad: «No habrá elecciones verdaderamente libres mientras los tribunales puedan desconocer la voluntad popular». Estoy de acuerdo. Durante dos décadas, el TSJ fue el instrumento que anuló a la Asamblea Nacional, inhabilitó candidatos y bendijo cada abuso. Un nuevo tribunal elegido con los mismos métodos sería un cambio de nombres, no de sistema.
Me preocupan dos cosas. La primera, que el propio Matheus dijo el domingo, según El Pitazo, que los miembros de la sociedad civil «los escogerá la mesa de diálogo». Una negociación entre dos delegaciones no es un procedimiento público. La segunda, que la diáspora quedó fuera: el Bloque Constitucional denunció que había que entregar los papeles en persona en Caracas, en siete días, con una cédula que solo se renueva en Venezuela. Millones de venezolanos, muchos de ellos juristas, no pudieron ni intentarlo.
Por eso propongo cinco condiciones concretas y verificables para el comité y para la elección de magistrados.
Primera: votación nominal y pública. Cada voto de cada diputado para cada miembro del comité, y después para cada magistrado, debe quedar registrado y publicado con su nombre.
Segunda: expedientes abiertos. La lista de los 127 aspirantes, con su currículo y sus vínculos partidistas declarados, debe publicarse antes de la votación. Lo mismo con los candidatos a magistrado.
Tercera: impugnación ciudadana. Un plazo de al menos diez días hábiles para que cualquier ciudadano u organización presente objeciones documentadas contra un candidato, con respuesta pública y motivada.
Cuarta: audiencias públicas transmitidas. Que cada candidato a magistrado comparezca ante el comité en una audiencia transmitida en directo, donde responda preguntas sobre su trayectoria y su independencia.
Quinta: la diáspora, dentro. Para la fase de magistrados, postulación electrónica con firma digital y entrevistas por videoconferencia. La justicia venezolana necesita también a los juristas que tuvieron que irse.
Como exprofesor universitario, sé que en Venezuela sobran juristas capaces: en las facultades de Derecho de la UCV, la ULA, la UCAB o el Zulia, y en el exilio. El problema nunca fue la falta de talento, sino un sistema que premiaba la lealtad sobre el mérito. Estas cinco reglas cambian ese incentivo.
Nada de esto retrasa la transición: la protege. Un tribunal elegido a la vista de todos será más difícil de desconocer por quien pierda unas elecciones. Y este miércoles, mientras la mesa se reúne en Caracas, la Corte Interamericana escuchará en San José el caso de las víctimas del 11 de abril de 2002. Las familias llegaron hasta allí porque no encontraron en Venezuela la justicia que buscaban.
Desde Madrid recuerdo que el prestigio del Tribunal Constitucional español se construyó, en sus primeros años, sobre magistrados de reconocida trayectoria elegidos con amplias mayorías. Cuando ese consenso se rompió, también se resintió su autoridad. La lección vale para nosotros.
El puente hacia la libertad necesita jueces que no le teman al poder. Y para que no le teman, tienen que llegar sin deberle nada.
¿Qué condición le exigirías tú al nuevo Tribunal Supremo? Te leo en los comentarios.
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