El TPS de los venezolanos queda en el limbo: la Corte Suprema de EE.UU. no decide y los permisos vencen el 2 de octubre
La Corte Suprema de Estados Unidos revisó el 28 de septiembre, en conferencia privada, el caso sobre el Estatus de Protección Temporal para venezolanos, y no emitió decisión. La próxima oportunidad para que el tribunal se pronuncie es su lista de órdenes del lunes 5 de octubre. Entre medio, el viernes 2 de octubre vencen los permisos de trabajo de la designación de 2023, emitidos hasta el 5 de febrero de 2025. El resultado es un vacío de al menos tres días que especialistas describen, sin eufemismos, como incertidumbre legal para cientos de miles de personas.
El TPS ampara a más de 700.000 venezolanos en Estados Unidos. Perder el estatus no implica una orden de deportación automática, pero sí la pérdida inmediata de la autorización para trabajar legalmente —es decir, la posibilidad de perder el empleo, el ingreso, la estabilidad migratoria, sin haber hecho nada distinto de esperar una fecha en un calendario judicial que no les pertenece. Sigue vigente, eso sí, el fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que declaró ilegal la revocación de la extensión del programa —el único punto de sostén legal mientras la Corte Suprema decide cuándo decidir.
Setecientos mil personas no son una cifra abstracta para este medio. Son, en buena parte, la misma diáspora venezolana que esta redacción cubre desde España: familias que reconstruyeron una vida legal en otro país, ahora suspendidas en un compás de espera que ni ellas ni sus empleadores pueden planificar. Un sistema judicial puede tomarse el tiempo que considere necesario para deliberar. Lo que no puede hacer, sin costo humano real, es dejar vencer un permiso de trabajo mientras decide cuándo empezar a decidir.