Reforma de la Ley contra el Odio: quita la cárcel pero mantiene la censura

Redacción GAN · Política y Democracia

CARACAS, 21 de octubre de 2026 (GAN).– Las organizaciones de derechos humanos advierten que la reforma de la Ley contra el Odio que impulsa la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, elimina las penas de cárcel pero mantiene el carácter punitivo de la norma y las restricciones a la libertad de expresión en internet, según un reportaje de Infobae publicado el martes 20 de octubre.

La propia Rodríguez ha reconocido el problema. La ley «lamentablemente fue mal aplicado, se hizo un uso abusivo de esa ley», dijo, según recoge Infobae. Desde su aprobación en 2017, unas 927 personas han sido imputadas por «instigación al odio», según Foro Penal.

La reforma sustituye los tipos penales por sanciones administrativas que impondría el Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Interiores, que dirige Diosdado Cabello. La ONG Acceso a la Justicia señala que las multas podrían llegar a 10.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central. Espacio Público resume su análisis en una frase: la reforma «elimina la cárcel, pero mantiene la censura». Según esta organización, las plataformas y redes sociales seguirían obligadas a retirar contenidos «inmediatamente» y sin orden judicial.

Gonzalo Himiob, de Foro Penal, sostiene que pasar de la cárcel a la multa no elimina el castigo, y el abogado internacionalista Mariano de Alba considera difusas figuras como el «hostigamiento», el «mensaje discriminatorio» o el «mensaje de violencia», según Infobae. Además, el artículo 285 del Código Penal, sobre instigación al odio, sigue vigente.

El Tribunal Supremo de Justicia declaró el 15 de octubre la «conformidad constitucional» de la reforma, que aún debe pasar por la primera discusión en la Asamblea Nacional. En la mesa de diálogo, la delegación opositora pide la derogación total de la ley, y el fin del bloqueo de portales web figura entre los temas de la ronda que termina este miércoles. Según Espacio Público, decenas de medios digitales y varias herramientas VPN siguen bloqueados en el país.

El debate llega con desinformación incluida: el 19 de octubre, la plataforma Cotejo calificó de «mentira» la afirmación de la diputada Ilenia Medina (PPT) de que Venezuela no puede derogar estas leyes por «un mandato de la ONU».

Cambiar la cárcel por una multa que decide el mismo ministerio que persigue no es libertad de expresión: es censura con otra factura. Una reforma creíble empezaría por exigir orden judicial para retirar contenidos. ¿Aceptará el Gobierno ese mínimo en la mesa de diálogo?

Fuentes: Infobae (20-oct-2026); Cotejo (19-oct-2026); El Nacional (20-oct-2026, temas de la ronda).

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