Cuatro años con un salario de 130 bolívares: el bono es un analgésico, no una cura, y esta es mi hoja de ruta para devolverle valor al trabajo antes de 2027

Por Yoni Toro Gelvis

El martes 13 de octubre, trabajadores de la salud, maestros y profesores universitarios marcharán desde la esquina Corazón de Jesús, en Caracas, hasta el Palacio de Miraflores. Su reclamo cabe en una cifra: 130 bolívares. Es el salario mínimo venezolano, congelado desde marzo de 2022. Al cambio oficial de esta semana, 876,79 bolívares por dólar, equivale a unos 15 céntimos de dólar al mes. No es un salario: es una cifra simbólica que solo sirve para calcular prestaciones y aguinaldos miserables.

Fui profesor universitario durante quince años y administré las finanzas de una gobernación. Conozco las dos caras de la nómina: la del que cobra y la del que tiene que pagar. Por eso no voy a decir que la solución sea decretar un aumento de un día para otro. Jorge Roig, consejero de la OIT, lo dijo este fin de semana con franqueza: la nómina pública ronda los 8 millones de personas entre activos, jubilados y pensionados, y hoy el Gobierno no puede darles aumentos. Es verdad. Pero también es verdad que el país que no paga a sus maestros termina pagando mucho más por su ausencia. Según la dirigente Ana Rosario Contreras, más del 60% de los trabajadores de la salud se han ido.

Como tributarista, veo el problema de fondo. El bono no cotiza al seguro social, no cuenta para las prestaciones ni para la jubilación, y puede suprimirse con una firma. Un sistema de remuneración basado en bonos convierte al trabajador en beneficiario de una dádiva y no en titular de un derecho. Y deja sin financiamiento al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, del que dependen los mismos jubilados que el martes protestarán en Barquisimeto.

Propongo cuatro pasos concretos y medibles.

Primero: transparencia de la nómina. En 30 días, el Ministerio de Finanzas debe publicar cuántas personas cobran del Estado, cuánto cuesta cada bono y de qué partida sale. No se puede negociar un salario sin conocer la cuenta.

Segundo: desbonificación por tramos. Incorporar los bonos al salario base en cuatro tramos trimestrales del 25% durante 2027, de modo que a final de año la totalidad del ingreso cotice y cuente para las prestaciones. Es gradual, previsible y no exige emitir dinero sin respaldo.

Tercero: un fondo salarial con renta petrolera auditada. Pdvsa dice tener 61 contratos firmados y 44 en negociación, y promete refinar 600.000 barriles diarios en 2027. Propongo que un porcentaje fijo de los ingresos fiscales de esos nuevos contratos, por ejemplo el 10%, alimente un fondo exclusivo para salarios de educación y salud, con informes trimestrales públicos y auditoría externa.

Cuarto: un pacto tripartito con fecha. Roig propone una «Ley de Consensos Laborales y Sociales». Bienvenida, pero con calendario: que Gobierno, empresarios y sindicatos independientes presenten un acuerdo antes del 31 de enero de 2027, con la asistencia técnica de la OIT.

Alguien dirá que no hay dinero. Hay dinero para contratos de 25 años, para viajes a Roma y Ciudad del Cabo y para una emergencia económica prorrogada ocho veces sin control parlamentario. Lo que falta es una prioridad.

Desde Madrid veo cómo el salario mínimo español se discute cada año entre Gobierno, patronal y sindicatos, con cifras públicas y debate abierto. No es perfecto, pero es predecible. El trabajador sabe a qué atenerse. Esa predictibilidad es lo que Venezuela necesita recuperar.

Quienes marchan el martes no piden un privilegio. Piden que enseñar y curar vuelva a ser una forma de vida y no un acto de heroísmo.

¿Cuánto debería ganar un maestro venezolano para no tener que emigrar? Te leo en los comentarios.

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