Cuatro presos mayores de 60 años murieron bajo custodia en septiembre, y 77 trabajadores del caso PDVSA siguen esperando juicio tras las rejas
CARACAS, 6 de octubre de 2026 (GAN).– El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) documentó la muerte de cuatro personas mayores de 60 años bajo custodia del Estado durante septiembre. Carmen Rodríguez, de 66 años, falleció el 19 de septiembre en el penal de Tocuyito, en Carabobo. Tomasa Sánchez, de 72, murió el 24 en el Centro Penitenciario de Occidente I, en el Táchira. César López, de 68, el 26 en los calabozos policiales del municipio Juan Germán Roscio, en Guárico. Y Hermes Carrero, de 63, el 30 de septiembre en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), a causa de un infarto.
El caso de Carrero tiene un agravante. Murió pocos días después de que una Comisión Presidencial visitara el Injuba el 26 de septiembre. «¿Cuál era el estado de salud de Hermes cuando esa comisión estuvo en INJUBA?», preguntó el OVP, según El Pitazo. La organización recordó que «la población penitenciaria de la tercera edad requiere cuidados diferenciados y esquemas sanitarios prioritarios durante el tiempo que dure la medida de aprehensión». Según El Pitazo, más de 60 presos han muerto bajo custodia desde abril. Las notas no identifican a los cuatro fallecidos como presos políticos.
En Caracas, familiares de 77 trabajadores detenidos en el llamado caso de contrabando en PDVSA pidieron que puedan seguir su proceso en libertad. Los detenidos se reparten entre Anzoátegui (54), Carabobo (10), Falcón (9) y Distrito Capital (1); además, tres fueron condenados el 1 de octubre en La Guaira. Las detenciones comenzaron en octubre de 2024 y, según El Nacional, unas 76 personas del mismo caso ya han sido liberadas.
La abogada y familiar Zimarú Fuentes pidió que los detenidos «puedan enfrentar su proceso y su juicio en libertad». El diputado Tomás Guanipa dirigió su mensaje a Washington: «Al presidente (Donald) Trump, al secretario (de Estado) Marco Rubio, le queremos decir (…) todavía hay mucha gente presa», según El Nacional.
En el plano internacional sigue pendiente la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay proponen prorrogarla dos años, hasta 2028.
Una visita oficial que no detecta a un preso de 63 años en riesgo de muerte, y detenciones preventivas que se alargan dos años sin juicio, describen el mismo problema: un sistema penitenciario sin controles. Si el Estado no puede garantizar la vida de quienes tiene bajo su custodia, ¿quién responde por ellos?