El petróleo de todos se negocia a oscuras: cada contrato debe ser público
Por Yoni Toro Gelvis
Esta semana me enteré de cómo se reparte el petróleo venezolano por tres caminos distintos, y ninguno de ellos fue un documento oficial. El primero, una nota de prensa: la estadounidense KEO Energy asumió la operación de PetroUrdaneta, en el Lago de Maracaibo, con un 24% de las acciones y un acuerdo para subir al 40%. El segundo, una entrevista en The New York Times: María Corina Machado calificó de «corrupción obscena» el negocio de Alejandro Betancourt, el nuevo socio petrolero de Washington, que según el diario tendría acceso a cerca de una quinta parte de las reservas del país. El tercero, una gestora de Wall Street, que atribuyó la subida de Chevron a «nuevos términos» para sus empresas mixtas en Venezuela, sin dar cifras.
No conozco los detalles de esos acuerdos. Precisamente ese es el problema: nadie los conoce.
Como economista formado en la Universidad de Los Andes, sé que la inversión extranjera es imprescindible para recuperar una industria que llegó a producir más de tres millones de barriles diarios y hoy reporta a la OPEP unos 1,2 millones. No soy enemigo de los contratos. Soy enemigo de los contratos secretos. Un país que pide a sus acreedores una quita de la mitad de su deuda y que todavía no ha publicado su análisis de sostenibilidad no puede permitirse que su principal activo se negocie a oscuras.
Machado dijo algo importante: los contratos que cumplan la ley venezolana serán respetados. Es una buena señal para los inversores serios. Pero para saber si cumplen la ley, primero hay que leerlos. Si esos acuerdos se ajustan a la ley y pasaron por los controles que corresponden, no hay razón para que los textos no sean públicos. Si no es así, el problema es todavía mayor, porque cualquier gobierno futuro podrá impugnarlos y el inversor habrá comprado un riesgo en lugar de un activo.
Propongo cuatro medidas, concretas y medibles.
Primera: un registro público de contratos. Que el Ministerio de Petróleo publique en línea, antes del 31 de diciembre, el texto completo de cada empresa mixta, licencia y contrato de servicio firmado desde enero de 2026: socios, participación, regalías, impuestos, plazos y compromisos de inversión.
Segunda: auditoría independiente. Que una firma internacional, elegida por concurso, revise esos contratos y publique un informe antes de junio de 2027, con especial atención a los socios sin trayectoria en el sector.
Tercera: un fondo petrolero con reglas. Que los ingresos extraordinarios por encima de un precio de referencia del barril vayan a un fondo con estatuto propio, publicación mensual de saldos y prohibición de financiar gasto corriente.
Cuarta: rendición de cuentas trimestral. Que PDVSA presente cada trimestre ante la Asamblea Nacional su producción por empresa mixta, sus ingresos y lo que paga cada socio, siguiendo los estándares de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas.
Desde Madrid veo cómo funciona la contratación pública en España: cada licitación, con su adjudicatario y su importe, aparece en una plataforma que cualquier ciudadano puede consultar. No es perfecto, pero permite preguntar. En Venezuela, hoy ni siquiera se puede preguntar. La transparencia, además, no es solo una exigencia ética: es un buen negocio. Los contratos públicos reducen la prima de riesgo, atraen a inversores con reputación que cuidar y espantan a los aventureros.
El petróleo no es del Gobierno de turno ni de la oposición que llegue mañana. Es de los venezolanos, también de los ocho millones que vivimos fuera. Una transición que repita la opacidad de siempre solo cambiará a los beneficiarios.
¿Crees que los contratos petroleros deberían publicarse completos antes de que termine el año? Te leo en los comentarios.
Fuentes: Banca y Negocios (14 y 15-oct-2026); Infobae/The New York Times (15-oct-2026); Efecto Cocuyo (15-oct-2026); Banca y Negocios (13-oct-2026, OPEP, contexto).
