Sin datos públicos no hay política: del presupuesto a las escuelas
Por Yoni Toro Gelvis
Esta semana, tres noticias distintas contaron la misma historia. El presidente del Banco Central, Calixto Ortega, admitió en las reuniones del FMI que publicar el análisis de sostenibilidad de la deuda y su información ha sido «más difícil de lo que esperábamos», según Bloomberg Línea. El Ejecutivo entregó a la Asamblea Nacional el presupuesto de 2027 sin que se conozcan sus montos ni sus supuestos. Y en Burbusay, municipio Boconó, catorce estudiantes y un docente fueron atendidos de urgencia el martes, en lo que Diario de Los Andes cuenta como la intoxicación escolar número 43 del estado.
Parecen asuntos sin relación: un banco central, una ley de presupuesto, una escuela rural. Los une lo mismo: falta el dato. Y sin el dato nadie puede exigir, corregir ni confiar.
Empecemos por la economía. Un país que pide a sus acreedores una quita que Ecoanalítica calcula entre el 50% y el 60% de una deuda de unos 180.000 millones de dólares tendrá que enseñarles las cuentas. Hoy ni siquiera los venezolanos conocen las de su presupuesto. Ortega descarta la dolarización, que «no es la respuesta correcta» en la versión de Reuters, mientras el Estado paga el Ingreso Integral de octubre: 131.550 bolívares, unos 150 dólares, el mismo valor que en septiembre. El bono sube en bolívares lo que se devalúa el bolívar. El salario mínimo, el que cuenta para las prestaciones y el aguinaldo, sigue en 130 bolívares: unos 15 céntimos de dólar.
No pido dolarizar. Como economista formado en la Universidad de Los Andes, sé que renunciar a la moneda propia tiene costos serios, y Ortega tiene razón en que la meta debe ser una inflación baja con el bolívar. Pero una meta solo es creíble cuando se puede medir, y hoy ni eso: Cedice calculó una inflación de 12,05% en septiembre y el BCV, de 8,4%.
En Trujillo la falta de datos no se mide en puntos de inflación, sino en niños. Las muestras del Complejo Educativo José Félix Ribas, en Andrés Bello, se enviaron al Ministerio de Salud y al IVIC tras el episodio del 6 de octubre, y nueve días después ninguna autoridad ha publicado un resultado. Ni siquiera hay una cifra oficial de cuántos casos ha habido: el 43 es de un diario. No sé qué causa estas intoxicaciones y no voy a especular: puede ser un plaguicida, una fuga, agua contaminada u otra cosa. Precisamente por eso hace falta un método.
Propongo cinco medidas, concretas y medibles.
Primera: publicar las cuentas. El análisis de sostenibilidad de la deuda antes del 31 de diciembre y el texto completo del presupuesto 2027, con sus supuestos de precio del petróleo, tipo de cambio e inflación esperada, antes de que la Asamblea lo vote.
Segunda: metas de inflación con rendición de cuentas. Si el BCV adopta ese esquema, que publique la meta anual, el calendario mensual del índice de precios y un informe trimestral ante la Asamblea, y que explique por escrito cada vez que la incumpla.
Tercera: convertir el Ingreso Integral en salario. Que en 2027 un 25% del bono pase cada trimestre al salario base, para que al final del año el aguinaldo y las prestaciones se calculen sobre lo que el trabajador cobra de verdad.
Cuarta: un protocolo sanitario escolar. Ante cada intoxicación, muestras de sangre, orina, agua, aire y suelo en menos de 24 horas, con cadena de custodia y acta firmada por representantes de los padres, y un informe técnico público en 15 días, aunque sea preliminar. Un convenio con la ULA, que tiene facultades de Medicina, Farmacia y Bioanálisis y Ciencias en Mérida, permitiría analizar las muestras en los Andes en lugar de esperar semanas por Caracas.
Quinta: un registro abierto de casos y de agroquímicos. Fecha, plantel, afectados, síntomas, muestras y resultados, accesibles para cualquier ciudadano, junto con un mapa de los productos que se aplican a menos de 500 metros de cada escuela rural y franjas de aplicación fuera del horario escolar. El campo trujillano no es el enemigo: necesita reglas claras y apoyo.
Desde Madrid veo cada mes cómo el Banco Central Europeo explica sus decisiones y el Instituto Nacional de Estadística publica el IPC a fecha fija. No es magia: es previsibilidad. Esa previsibilidad es lo que permite a una familia ahorrar en su propia moneda, y a unos padres saber qué enfermó a sus hijos.
Un dato publicado a tiempo no arregla nada por sí solo, pero sin él nada se puede arreglar: ni la deuda, ni el bolívar, ni la salud de un niño en Boconó.
¿Qué dato te gustaría que el Estado publicara primero: las cuentas del presupuesto o los resultados de las intoxicaciones? Te leo en los comentarios.
Fuentes: Bloomberg Línea (14-oct-2026); Finanzas Digital (14-oct-2026, Reuters, y 13-oct-2026, Cedice); Banca y Negocios (14-oct-2026); Diario de Los Andes (13 y 14-oct-2026).
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