Ninguna sanción sin contrapartida y ninguna transición sin verdad

octubre 15, 2026 Yoni Toro Gelvis

Por Yoni Toro Gelvis

Esta semana la justicia sobre Venezuela se movió fuera de Venezuela, y las sanciones se movieron sin explicación. El miércoles por la mañana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a Jorge Rodríguez de su lista de sancionados; el documento no explica el motivo. A las tres de la tarde, Rodríguez se sentó en el Hotel Meliá Caracas como jefe de la delegación del Gobierno en la tercera ronda del diálogo. Ese mismo día, en San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó a los familiares de las víctimas del 11 de abril de 2002, sin que el Estado venezolano enviara a nadie. Y hoy, en Nueva York, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen ante el juez Alvin Hellerstein para escuchar una acusación ampliada que incluye un cargo de conspiración para torturar.

No discuto que las sanciones individuales sean un instrumento de negociación: se crearon para que el costo de sostener un régimen autoritario lo pagaran quienes lo sostenían y no el pueblo. Lo que me preocupa es que se muevan sin que nadie sepa a cambio de qué. Delcy Rodríguez salió de la misma lista el 1 de abril. Desde entonces se ha avanzado en petróleo, en excarcelaciones y en un comité para el TSJ que todavía no se ha instalado. Pero el país no conoce una sola cuenta pública que diga: se levantó esto, se obtuvo aquello.

Mientras tanto, lo que falta es evidente. Un panadero, Cleive Solórzano, lleva casi un año preso por un video de TikTok. La reforma de la Ley contra el Odio llegó al TSJ sin que la oposición tenga claro si se mantienen las multas y los bloqueos a la prensa digital. Foro Penal contaba 322 presos políticos al 5 de octubre. Y, según el Departamento de Estado citado por El Pitazo, el CNE no estará en la agenda de esta ronda, aunque El Nacional dice que sí.

Hay además una deuda más antigua. Un familiar de Juan David Querales, uno de los fallecidos del 11 de abril, lo dijo ante los jueces: «Para nosotros todos los días fue ayer». Veinticuatro años después, la mayoría de esas muertes sigue sin un responsable juzgado en Venezuela. Respeto a los tribunales internacionales y al sistema judicial estadounidense, pero la verdad de lo ocurrido no puede depender de un jurado en Manhattan ni de una sentencia en San José. Esos procesos juzgan a unos pocos, por hechos concretos y con sus propias reglas. Las víctimas son muchas más, están en todos los estados del país y tienen derecho a que su historia se cuente en su propia tierra.

Las transiciones que funcionaron lo entendieron. Argentina tuvo la Conadep y el informe Nunca Más; Chile, la Comisión Rettig; Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación; Sudáfrica, la suya. Ninguna fue perfecta, pero todas dieron a sus países un relato común sobre el pasado, sin el cual la reconciliación es solo una palabra.

Por eso propongo que la mesa de diálogo adopte, en esta ronda o en la próxima, cinco compromisos con fecha.

Primero: reciprocidad pública. Ningún alivio de sanciones sin una contrapartida verificable, anunciada el mismo día. Por cada funcionario retirado de las listas, un número concreto de presos políticos liberados con nombre y apellido, empezando por los enfermos graves y los procesados con la Ley contra el Odio.

Segundo: libertades y árbitro electoral con fecha. Derogación de la Ley contra el Odio, no solo su reforma; levantamiento de las intervenciones judiciales de partidos y de las inhabilitaciones sin sentencia firme antes de fin de año; y un calendario público para designar el nuevo CNE antes del 31 de enero de 2027.

Tercero: un registro mensual de sanciones levantadas y concesiones obtenidas, publicado por el Departamento de Estado o por la propia mesa. La transparencia protege al negociador honesto y expone al que no lo es.

Cuarto: una Comisión de la Verdad independiente, integrada por juristas, defensores de derechos humanos, representantes de las víctimas y académicos de las universidades autónomas, con mandato de dos años, presupuesto propio y un informe público final.

Quinto: un registro único de víctimas y fiscales especiales. Que antes de junio de 2027 se consolide una base de datos de presos políticos, torturados, desaparecidos y fallecidos desde 1999, con la información de Foro Penal, Provea, la Misión de la ONU y las familias, y que se reabran los casos del 11-A, de las protestas de 2014, 2017 y 2024 y de las muertes bajo custodia, con fiscales nombrados por concurso público, supervisión internacional y un plan de reparación para las familias.

Sé que algunos dirán que hablar de verdad ahora pone en peligro la negociación. Pienso lo contrario: lo enterrado a medias siempre vuelve. Verdad no es venganza: es la condición para que nadie vuelva a hacerlo.

Desde Madrid veo cómo la Unión Europea revisa cada año sus sanciones a Venezuela con criterios escritos, y cómo España, casi medio siglo después de su Transición, todavía discute su memoria. Las dos lecciones sirven: lo que se decide se justifica por escrito, y lo que no se resuelve a tiempo se hereda.

Las sanciones no se levantan para premiar a nadie: se levantan para abrir puertas. Y el puente hacia la libertad no se cruza dando la espalda a las víctimas. Se cruza con ellas.

¿Qué debería exigirse primero: una contrapartida por cada sanción levantada o una Comisión de la Verdad? Te leo en los comentarios.

Fuentes: El Tiempo/AFP (14-oct-2026); Infobae/EFE (14-oct-2026); El Pitazo (14-oct-2026); El Diario NY (14-oct-2026); The Objective (14-oct-2026); Runrun.es/Correo del Caroní (14-oct-2026); El Impulso (14-oct-2026).