Las garantías no se prometen, se calendarizan: cinco compromisos con fecha

octubre 14, 2026 Redacción de Política y Democracia

Por Yoni Toro Gelvis

Este miércoles, a las tres de la tarde, en un salón del Hotel Meliá Caracas, empieza la tercera ronda del diálogo entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la delegación que encabeza Dinorah Figuera. Ella misma resumió la víspera en cuatro palabras su agenda: “garantías políticas y civiles”. Según la prensa, en la mesa estarán el nuevo Tribunal Supremo, la situación de los partidos y la reforma del Consejo Nacional Electoral.

Es la agenda correcta. Pero llevo suficiente tiempo en la vida pública para saber que una garantía sin fecha es una promesa, y que una promesa sin verificación es una esperanza. El propio calendario de esta semana lo demuestra: el Comité de Postulaciones Judiciales, que debía juramentarse el jueves 15, se retrasa porque las entrevistas se alargan hasta el viernes 16. No es grave, pero es una advertencia: los plazos se mueven si nadie los ata.

Hay otra señal. Washington, por boca de Marco Rubio, habla de “más de 1.200” presos políticos liberados. Foro Penal cuenta 322 todavía detenidos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos habla de “más de 400” y de 34 en riesgo por enfermedades graves. Tres cifras distintas sobre lo más elemental: cuántos venezolanos están presos por razones políticas. Sin un dato común, no hay garantía que se pueda verificar.

Por eso propongo cinco compromisos, cada uno con fecha, para que esta ronda deje algo más que una foto.

Primero: un registro público y conciliado de presos políticos. Que el Gobierno, Foro Penal y la delegación opositora publiquen antes del 15 de noviembre una lista común, con nombre, lugar de reclusión, situación procesal y estado de salud. Los 34 enfermos graves deben recibir atención médica independiente en los próximos 15 días.

Segundo: partidos y dirigentes habilitados. Que antes de fin de año se levanten las intervenciones judiciales de partidos y las inhabilitaciones políticas dictadas sin sentencia firme. Ningún venezolano debería necesitar el permiso de un contralor para ser candidato.

Tercero: un CNE con fecha. Que la mesa fije el procedimiento y el calendario para designar a los nuevos rectores, con postulación pública y comparecencias transmitidas, antes del 31 de enero de 2027.

Cuarto: derogar la Ley contra el Odio. No reformarla ni cambiarle el nombre. Según Foro Penal, 927 personas han sido acusadas con ella desde 2017. Mientras exista, cualquier garantía civil tiene una excepción escrita.

Quinto: un calendario electoral. Con el TSJ y el CNE renovados, la mesa debe publicar antes de marzo de 2027 la fecha de la elección presidencial, con observación internacional y voto en el exterior.

Sé lo que se dirá: que pedir fechas es presionar, y que la negociación necesita discreción. Estoy de acuerdo en la discreción de las conversaciones. No en la de los resultados. Lo que se acuerde debe publicarse con plazos, responsables y un mecanismo de seguimiento, para que la sociedad, la diáspora y los países que acompañan el proceso puedan medir el avance.

Desde Madrid recuerdo que la Transición española tuvo una Ley para la Reforma Política votada por los propios procuradores del régimen y ratificada en referéndum en diciembre de 1976, y elecciones generales en junio de 1977. Hubo negociación discreta, sí, pero también un calendario que todos conocían.

El puente hacia la libertad no se cruza con buenas intenciones. Se cruza tramo a tramo, y cada tramo tiene una fecha.

¿Cuál de estos cinco compromisos debería salir primero de la mesa? Te leo en los comentarios.

Fuentes: Infobae/EFE (13-oct-2026); Prensa Latina (14-oct-2026); El Pitazo (13-oct-2026); El Impulso (13-oct-2026); El Nacional (13-oct-2026).