El Puente a la Libertad

El dinero del CLAP debe volver a los venezolanos: Pulido comparece en Miami

Por Yoni Toro Gelvis

El martes 13 de octubre, Álvaro Pulido, socio del empresario Alex Saab, compareció por primera vez ante una jueza federal en Miami. Según Telemundo 51, entró con grilletes, la Fiscalía pidió que siga detenido, la defensa no se opuso por ahora y la lectura formal de cargos quedó fijada para el 4 de noviembre. Pesan sobre él dos acusaciones. Una, de 2019, por unos 350 millones de dólares movidos a través del sistema financiero estadounidense. Otra, de 2021, por contratos del programa CLAP de unos 1.600 millones de dólares, de los que unos 180 millones habrían pasado por cuentas en Estados Unidos.

Ese mismo martes, seis organizaciones venezolanas, entre ellas el CENDES de la UCV y el CIAAL de mi Universidad de Los Andes, escribieron a la FAO que la desnutrición aguda infantil en Venezuela es del 9,1%, y de hasta el 24% en algunos estados. La nutricionista Susana Raffalli recordó esta semana que las cajas CLAP se repartían junto a los centros de votación.

Pongo las dos noticias juntas porque son la misma. El dinero que, según la acusación estadounidense, se desvió de la comida subsidiada es el que faltó en la mesa de esos niños. Y aquí aparece una pregunta que la transición no puede esquivar: si un tribunal de Miami decomisa ese dinero, ¿a quién se le devuelve?

Como economista, sé que la corrupción no es solo un delito: es un impuesto oculto que pagan los más pobres. Y sé también que la recuperación de activos es una de las tareas más difíciles de cualquier transición. Los fondos se esconden en varias jurisdicciones, los procesos tardan años y, sin una estrategia, el dinero decomisado puede quedarse en el país que lo incauta.

Por eso propongo cuatro medidas concretas y medibles.

Primera: Venezuela, víctima en los procesos. Que la Procuraduría General se presente formalmente como parte perjudicada en los casos que se siguen en Estados Unidos y en otros países por corrupción con fondos públicos venezolanos, empezando por el de Pulido antes del 4 de noviembre.

Segunda: una ley de recuperación de activos. Que la Asamblea Nacional apruebe antes de junio de 2027 una ley que cree una unidad especializada con auditoría externa y cooperación internacional, como la que recomienda la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que Venezuela ratificó.

Tercera: un fondo con destino fijo. Que todo dólar recuperado de casos de comida subsidiada vaya a un fondo con un único destino: el Programa de Alimentación Escolar, con meta de cobertura diaria y medición independiente.

Cuarta: un registro público de lo recuperado. Cada caso, cada monto y cada uso del dinero, publicados en un portal y auditados cada año.

Desde Madrid he visto cómo el debate europeo sobre los activos inmovilizados de terceros países demuestra algo útil: el dinero congelado no ayuda a nadie si no hay una decisión política y un marco legal sobre su destino. Venezuela necesita ese marco antes de que lleguen las sentencias, no después.

Nada de esto prejuzga la culpabilidad de Pulido: la decidirá un jurado. Pero la transición debe prepararse para el día en que los tribunales devuelvan lo que se llevaron. Ese día, el dinero tiene que llegar a la escuela, no a otra cuenta.

El puente hacia la libertad también se construye con justicia económica. Un país que recupera lo robado y lo devuelve a sus niños empieza a ser un país distinto.

¿A qué destinarías tú el dinero recuperado de la corrupción? Te leo en los comentarios.

Fuentes: Telemundo 51 (13-oct-2026); El Nacional (12-oct-2026); Efecto Cocuyo (13-oct-2026); Infobae (13-oct-2026).

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