El Puente a la Libertad — Una Fuerza Armada sin calabozos: liberar a los militares presos es condición para una transición segura
Por Yoni Toro Gelvis
Esta semana dos voces dijeron lo mismo desde lugares distintos. Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió la «excarcelación inmediata» de los militares y policías presos por razones políticas, y expresó su «extrema preocupación» por las muertes bajo custodia. Desde Caracas, Rocío San Miguel, recién absuelta tras casi dos años de cárcel, lo resumió en una frase: «Los organismos de inteligencia en Venezuela no pueden seguir teniendo calabozos, como pasa en la Dgcim».
Las cifras dan vértigo. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón cuenta 196 militares y policías presos por motivos políticos. Foro Penal, 144 militares. Hay ocho mujeres y catorce personas en estado de salud extremadamente grave. Y hay muertos: al menos seis según JEP. Detrás de cada cifra hay una familia, como la de la exmagistrada Bárbara César Siero, cuyos hermanos y cuñada militares fueron detenidos, según ella, para presionarla a firmar una sentencia.
Hablo de esto con una convicción: la transición democrática en Venezuela no será posible sin la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada no será confiable mientras se use como cárcel y como instrumento de castigo. Muchos de esos oficiales presos fueron detenidos precisamente por negarse a cumplir órdenes ilegales o por sospechas de no ser leales a un hombre. Hoy, cuando se habla de una nueva etapa, ellos siguen en Ramo Verde, en El Rodeo I o en el Fuerte Guaicaipuro, juzgados en tribunales militares que la CIDH rechaza.
Mientras tanto, el poder político pide a los cuarteles respeto a la Constitución. ¿Qué mensaje recibe un capitán joven cuando ve que sus compañeros que se negaron a reprimir siguen presos, y que los que torturaron siguen en sus puestos?
Propongo un plan en cuatro pasos, con plazos. Primero, liberar: excarcelación en 60 días de todos los militares y policías presos por razones políticas, empezando por los catorce enfermos graves y las ocho mujeres, sin medidas que les prohíban hablar con la prensa. Segundo, revisar: una comisión con juristas independientes y observación de la ONU que, en seis meses, revise las condenas dictadas por tribunales militares contra civiles y militares en causas políticas, como la de Brazalete Blanco. Tercero, cerrar: el cierre definitivo de los calabozos de la DGCIM y del SEBIN, con el traslado de todos los detenidos a centros bajo control del sistema penitenciario civil y con acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuarto, reformar: una ley que someta a los servicios de inteligencia al control de una comisión parlamentaria y de los tribunales ordinarios, como ocurre en España y en el resto de las democracias europeas.
Rocío San Miguel dijo que su sentencia ratifica «el derecho de los civiles de exigir transparencia a la Fuerza Armada». Ese derecho es el que estoy ejerciendo aquí. Los militares venezolanos no son el enemigo de la democracia; muchos han sido sus víctimas. La reconciliación empieza por abrir las celdas y por garantizar que nunca más un servicio de inteligencia tenga su propia cárcel.
Al Gobierno de Delcy Rodríguez y a la mesa de diálogo les pido que incluyan este punto en la agenda de la tercera ronda, con nombres, fechas y responsables. Una transición segura necesita cuarteles en paz, y no hay paz en un cuartel que tiene a sus propios hombres presos.
¿Crees que la liberación de los militares presos políticos debe ser una condición del diálogo? Te leo en los comentarios.