La Ley contra el Odio no se reforma: se deroga
Hay confesiones que, en lugar de cerrar una herida, la dejan más expuesta. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió a la Asamblea Nacional reformar la Ley contra el Odio y quitarle las penas de 10 a 20 años de cárcel, porque «fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo». Es la primera vez que el chavismo reconoce, por escrito, lo que periodistas, activistas y ciudadanos llevan casi una década denunciando.
Las cifras le dan la razón a esa confesión, y la vuelven más grave. Según Foro Penal, desde 2017 se ha imputado a 927 personas por «incitación al odio». Seis siguen presas y 638 viven bajo medidas restrictivas de libertad: régimen de presentación, prohibición de salida del país, mordazas judiciales. Detrás de cada número hay una vida suspendida por un tuit, una pancarta o un reportaje.
Esta misma semana, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que los periodistas Luis López y Gabriel González recibieron sentencia absolutoria, tras unos dos años de proceso. Habían sido detenidos en la represión poselectoral de 2024, acusados de «asociación para delinquir» e «incitación al odio». Provea lo resumió sin rodeos: la ley se usó «como arma para perseguir la disidencia». Dos años de sus vidas no se devuelven con una absolución.
Por eso la propuesta de reforma es insuficiente. Una ley que nació para castigar la opinión no se corrige cambiando la pena; se corrige eliminando el delito. Mientras exista la figura de «incitación al odio» con una redacción tan amplia que cabe cualquier crítica al poder, la amenaza seguirá ahí, con o sin cárcel. Una multa, una inhabilitación o una prohibición de salida también son formas de silenciar.
A esto se suma la composición de la comisión que redactará la reforma, dominada por el oficialismo. Los mismos que aprobaron la ley en una Asamblea Nacional Constituyente sin legitimidad y la aplicaron durante nueve años son ahora quienes deciden cómo «mejorarla». La Plataforma Unitaria lo dijo con una frase que comparto: «la represión no se reforma: se desmonta».
Como especialista en derecho tributario, sé que el principio de legalidad exige normas claras, precisas y previsibles. Nadie puede ser castigado por una conducta que la ley no define con exactitud. La Ley contra el Odio viola ese principio desde su primer artículo. No es un problema de aplicación; es un problema de diseño.
Lo que corresponde es derogarla, revisar uno por uno los 927 expedientes y anular las medidas de los 638 venezolanos que todavía viven bajo restricciones. También es necesario reconocer y reparar a sus víctimas. Así se demostraría que la confesión de «uso abusivo» no es un gesto para la galería, sino el inicio de una rectificación real.
Un país que aspira a reconciliarse no puede hacerlo con una ley que convierte la opinión en delito. La libertad de expresión no se negocia por partes.
¿Crees que la Ley contra el Odio debe reformarse o derogarse por completo? Te leo en los comentarios.
Fuentes: Infobae (29-sep y 1-oct-2026); Foro Penal vía Infobae (1-oct-2026); SNTP vía Infobae (1-oct-2026); El Pitazo (29-sep-2026).