El Puente a la Libertad — La justicia no puede ser solo un vuelo a Florida: el caso Pulido exige que el dinero de los CLAP vuelva a Venezuela y que los juicios también se hagan aquí
Por Yoni Toro Gelvis
El domingo 11 de octubre, el empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas salió de la cárcel de El Rodeo y amaneció en Florida. El fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, lo anunció en X: «Ninguna cantidad de tiempo o distancia detendrá al Departamento de Justicia». Pulido, socio de Alex Saab, enfrenta dos acusaciones federales por lavado de dinero y sobornos vinculados al programa CLAP, y comparece este martes 13 ante una corte del sur de Florida. Según El Tiempo, otras dos personas de la misma red serían trasladadas en los próximos días «con aprobación del gobierno de transición».
Celebro que alguien, por fin, rinda cuentas por las cajas CLAP. Durante años vimos cómo la comida subsidiada se convertía en negocio mientras las familias venezolanas hacían colas y contaban granos de arroz. Efecto Cocuyo, citando a autoridades estadounidenses, habla de un esquema de lavado de 1.600 millones de dólares.
Pero hay algo que me inquieta como venezolano y como exfuncionario que administró dinero público. Pulido estuvo preso en Caracas desde 2023 por el caso PDVSA. En tres años, que yo sepa, nunca hubo un juicio público, una sentencia conocida ni un solo dólar recuperado para el Tesoro nacional. Ahora se va, y con él se va la posibilidad de que sea un tribunal venezolano el que diga la verdad sobre lo que pasó con nuestro dinero.
Una transición democrática no puede limitarse a entregar acusados. Si la justicia solo funciona en Miami o en Nueva York, el mensaje para los venezolanos es devastador: aquí no hay instituciones capaces de juzgar. Y si los bienes decomisados se quedan en el Tesoro de otro país, las víctimas de los CLAP, que somos todos, nunca verán la reparación.
Por eso propongo tres medidas concretas, que la mesa del diálogo puede incorporar a partir del miércoles 14.
Primera: un acuerdo de restitución de activos. Que Venezuela y EE.UU. firmen un acuerdo para que los fondos decomisados en los casos de corrupción venezolana regresen a un fideicomiso administrado con supervisión internacional y destinado a salud, educación y alimentación. Existe un precedente: los fondos del dictador nigeriano Sani Abacha fueron devueltos a Nigeria con mecanismos de seguimiento. Venezuela puede hacer lo mismo.
Segunda: publicar el expediente venezolano. En 30 días, el Ministerio Público debe publicar qué se investigó sobre Pulido en Venezuela entre 2023 y 2026, qué bienes se le incautaron aquí y dónde están. Lo mismo para Saab y para cada acusado que sea entregado.
Tercera: que toda entrega pase por un juez. Ningún preso debe salir del país por una decisión administrativa o por un acuerdo secreto. Cada traslado debe autorizarlo un tribunal, en audiencia pública, con los fundamentos publicados. Eso protege también al acusado y da legitimidad a la cooperación internacional.
Alguien dirá que lo importante es que paguen, no dónde. Discrepo. La justicia también es pedagogía. Un país que ve juzgar a sus corruptos en su propio territorio aprende que la ley existe. Un país que solo ve aviones despegando aprende que la ley siempre está en otra parte.
Desde Madrid recuerdo que la credibilidad de la transición española se construyó sobre instituciones propias, con todos sus defectos. Nadie esperaba que otro país le resolviera sus cuentas pendientes. Venezuela merece el mismo respeto por sí misma.
Un puente hacia la libertad no se construye solo con vuelos de ida. Necesita un pilar en casa: una justicia venezolana que funcione.
¿Crees que los acusados de corrupción deberían ser juzgados en Venezuela o en el extranjero? Te leo en los comentarios.
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