Reservas que suben y salarios congelados: la bonanza tiene que tener nómina
Por Yoni Toro Gelvis
Esta semana se cruzaron dos datos que, puestos juntos, explican la economía venezolana mejor que cualquier informe. El primero: las reservas internacionales del Banco Central subieron 691 millones de dólares en siete días, hasta 13.378 millones. El segundo: el salario mínimo sigue congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022. Menos de quince centavos de dólar al mes.
Entre esos dos números vive el venezolano. Un jubilado cobró este lunes un «ingreso integral» de 116.641 bolívares, unos 132 dólares. El estipendio de Somos Venezuela fue de 4.893 bolívares, poco más de cinco dólares. Y Finanzas Digital cuenta diez bonos distintos pagados en octubre. El país no tiene un salario: tiene un mosaico de transferencias que dependen de la voluntad del Gobierno y que no cuentan para prestaciones, vacaciones ni pensiones.
El lunes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reunió a Fedecámaras, Fedeindustria y las centrales sindicales para hablar de la «salarización» de los bonos y de las escalas salariales. Celebro que el tema esté sobre la mesa. Pero de esa reunión no salió ni una cifra, ni un plazo, ni un compromiso público. Solo una nota de prensa oficial que habla de «consolidar consensos».
Como economista formado en la Universidad de Los Andes, sé que la salarización es una de las decisiones más delicadas de cualquier política económica. Si se hace de golpe y con emisión de dinero, la inflación se come el aumento en semanas: con un 8,4% mensual en septiembre, el riesgo es real. Si no se hace nunca, el trabajador formal sigue sin derechos, la seguridad social se vacía y el empleo informal se convierte en la norma.
Lo que cambia hoy es que hay recursos. El Brent ronda los 110 dólares, la Cepal calcula que los términos de intercambio de Venezuela mejorarán un 23% este año y las empresas de servicios petroleros vuelven a contratar. Si la renta no llega ahora a la nómina, ¿cuándo?
Por eso propongo un calendario en tres etapas, con metas medibles.
Primera etapa, antes del 31 de diciembre de 2026: incorporar al salario base al menos el 50% de los bonos que hoy recibe el trabajador del sector público, con efecto en prestaciones y vacaciones. Es una decisión de presupuesto, no de emisión.
Segunda etapa, primer semestre de 2027: fijar un salario mínimo indexado a una canasta de referencia publicada por el Banco Central, con revisión trimestral y un piso en dólares que se ajuste en bolívares al tipo de cambio oficial.
Tercera etapa, segundo semestre de 2027: completar la salarización y restablecer las cotizaciones al Seguro Social sobre el salario completo, para que las pensiones vuelvan a depender de lo cotizado y no de un bono.
Para que esto no sea inflacionario, la fuente de financiamiento tiene que ser explícita: una parte fija de los ingresos petroleros adicionales, depositada en un fondo de estabilización con informes mensuales públicos. Y el BCV debe explicar de dónde salen los 691 millones de esta semana. Con transparencia, el aumento es creíble; sin ella, es una promesa más.
Escribo desde Madrid, donde la negociación entre Gobierno, empresarios y sindicatos tiene reglas, actas y plazos. El diálogo social sirve cuando termina en un documento firmado que cualquiera puede leer y exigir.
Una bonanza que no se ve en la nómina no es desarrollo: es una cifra en un balance. Los maestros, las enfermeras y los jubilados no necesitan más bonos. Necesitan un salario.
¿Crees que la salarización debe hacerse por etapas o de una sola vez? Te leo en los comentarios.
Fuentes: Finanzas Digital (19-oct-2026, reservas, reunión y pagos); Banca y Negocios (19-oct-2026, estipendio); El Nacional (13-oct-2026, salario mínimo); Banca y Negocios (16 y 18-oct-2026, inflación y Cepal).
