Un préstamo de Catar puede encender la luz, si llega con las cuentas claras
Por Yoni Toro Gelvis
Esta semana supimos, por la agencia Reuters, que Venezuela evalúa pedir un préstamo puente a Catar para pagar más de 2.000 millones de dólares que debe al Banco Interamericano de Desarrollo. La lógica es sencilla: quien está al día con el BID puede volver a pedirle prestado, y con el primer desembolso se devolvería el dinero catarí. El destino prioritario sería el sistema eléctrico. Nadie lo ha confirmado de forma oficial, pero merece una discusión seria antes de que se firme.
Como economista de la Universidad de Los Andes, no me asusta la deuda. Me asusta la deuda sin cuentas. Un país puede endeudarse para construir centrales, líneas y subestaciones que se pagan solas con el crecimiento que generan. Lo que no puede es repetir la historia de los fondos opacos, los créditos chinos de destino desconocido y los bonos que terminaron en impago. Venezuela lleva casi una década sin pagar su deuda externa y no recibe un préstamo del BID desde 2018. Esa es la herencia que hay que superar, no reproducir.
La necesidad es real. Los ingenieros de Aviem calculan entre 15.000 y 40.000 millones de dólares el costo de recuperar el sistema eléctrico. En la frontera del Táchira la luz falta hasta 12 horas al día; en El Vigía, hasta 10. Más de la mitad de las protestas que contó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en septiembre fueron por apagones. Y el mismo jueves en que se conoció la noticia de Catar, la Asamblea Nacional aplazó la reforma de la ley eléctrica.
Ahí está el problema de fondo. Se busca dinero antes de tener reglas. Un crédito para la electricidad sin un marco legal claro, sin un regulador independiente y sin metas públicas es un cheque en blanco. Por eso propongo seis condiciones concretas y medibles.
Primera: que cualquier préstamo, del BID, de Catar o de quien sea, pase por la aprobación de la Asamblea Nacional, con el contrato publicado íntegro.
Segunda: un fideicomiso eléctrico separado del presupuesto ordinario, auditado por una firma internacional y con un informe trimestral público de cada dólar desembolsado.
Tercera: un portal de obras con la lista de proyectos, los contratistas, los montos y el avance físico, actualizado cada mes.
Cuarta: metas verificables por estado, como reducir a la mitad, en 18 meses, las horas de corte en los Andes y la frontera, medidas por un observatorio independiente y no solo por Corpoelec.
Quinta: prioridad para la generación distribuida y solar en los estados andinos, donde las pequeñas plantas pueden instalarse rápido y reducir la dependencia de líneas largas que fallan.
Sexta: aprobar la reforma de la ley eléctrica antes del primer desembolso, para que el dinero llegue a un sector con reglas y no al revés.
Escribo desde Madrid, donde los fondos europeos de recuperación llegaron con hitos, auditorías y plazos que Bruselas vigila. No es un sistema perfecto, pero enseña algo: el dinero que viene de fuera exige que cada euro se justifique. Venezuela debería aplicarse a sí misma esa exigencia, no por imposición de nadie, sino por respeto a sus ciudadanos.
En Trujillo, la luz decide si una finca ordeña, si un taller abre o si un paciente recibe su tratamiento a tiempo. Volver al crédito internacional puede ser una buena noticia. Que sea, por fin, una deuda que se pueda explicar.
¿Aceptarías que Venezuela se endeude para recuperar la electricidad si cada dólar fuera público? Te leo en los comentarios.
Fuentes: Banca y Negocios/Reuters (22-oct-2026); Finanzas Digital/Reuters (22-sep-2026); Banca y Negocios/EFE (22-oct-2026); La Nación (22-oct-2026); Reporteros de Mérida (22-oct-2026); El Impulso (21-oct-2026, OVCS).
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