El impuesto oculto del apagón: cada empresa es su propia Corpoelec
Por Yoni Toro Gelvis
El sábado, el presidente de la Cámara de Comercio de Lara, Simón Salas, dijo que los grandes centros comerciales del estado destinan «hasta un millón de dólares» a sostener sus operaciones con plantas eléctricas propias. Este lunes, el diario La Nación cuenta que en el Táchira hay hoteles trabajando a media máquina, con cortes de hasta ocho horas diarias y una ocupación en la frontera por debajo del 30%. En Rubio, la luz llega unas seis horas al día.
Como economista de la Universidad de Los Andes, quiero ponerle nombre a lo que esas cifras describen: un impuesto oculto. No figura en ninguna Gaceta ni lo cobra el SENIAT, pero lo paga cada comerciante que compra gasoil para su planta, cada hotelero que sube la tarifa para cubrir el mantenimiento del generador y, al final, cada consumidor que paga más caro el producto. Es el impuesto más regresivo que existe, porque el pequeño negocio que no puede comprar una planta simplemente cierra cuando se va la luz.
El problema no es solo de costos, sino de eficiencia. Una planta diésel pequeña produce electricidad mucho más cara que una red de transmisión que funcione. Cuando miles de empresas generan su propia energía, el país gasta muchas veces más para obtener la misma luz. Ese dinero no se invierte en empleo, en maquinaria ni en salarios. El presidente de GE Vernova Venezuela lo dijo la semana pasada con claridad: el problema no es la generación, es la transmisión.
La buena noticia es que hoy hay recursos. El barril de Brent cerró el viernes por encima de los 116 dólares. Llega inversión extranjera al petróleo. Se negocia un préstamo puente para volver a tener acceso al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que falta es un plan que ponga la electricidad en el centro.
Por eso propongo cinco medidas concretas y medibles.
Primera: un plan nacional de transmisión con metas trimestrales publicadas, empezando por los estados andinos y Lara, con kilómetros de líneas y subestaciones recuperadas, y un informe público de avance cada tres meses.
Segunda: un incentivo fiscal temporal para que las empresas que hoy gastan en autogeneración puedan deducir una parte de ese gasto si lo invierten en conectar plantas solares o de respaldo a la red local, de modo que su inversión sume capacidad al sistema en vez de duplicarla.
Tercera: un mercado eléctrico regional en el que grandes consumidores, como centros comerciales, hoteles e industrias, puedan comprar y vender excedentes de energía con contratos claros y tarifas transparentes.
Cuarta: la publicación diaria de los horarios de corte por circuito, para que comercios, hoteles y agricultores puedan planificar su trabajo. Lo que no se puede evitar, al menos se debe poder prever.
Quinta: un fondo de inversión eléctrica alimentado con una parte fija de los ingresos petroleros extraordinarios, auditado y con informes públicos.
Escribo desde Madrid, donde una avería eléctrica de unas horas se convierte en un escándalo nacional y en una investigación pública. Allá, ocho horas sin luz se han vuelto rutina. Ese contraste es la medida de lo que hemos normalizado.
En Trujillo, donde la leche se daña sin frío, el café necesita secado y el riego depende de bombas eléctricas, cada apagón es una pérdida que el productor no puede recuperar. Sin electricidad estable no hay agroindustria, ni turismo en Isnotú, ni desarrollo local posible.
¿Cuánto gasta tu negocio o tu familia cada mes para protegerse de los apagones? Te leo en los comentarios.
Fuentes: Finanzas Digital/Unión Radio (24-oct-2026); La Nación (26-oct-2026, dos notas); Banca y Negocios (23-oct-2026, GE Vernova); Infobae/EFE (23-oct-2026, Brent); Banca y Negocios/Reuters (22-oct-2026, préstamo puente de Catar).
El Brief de Gente Activa News
Recibe cada día hábil cinco notas y la cifra del día, con la fuente de cada dato.
Gratis, a la 1 de la tarde de Madrid. Los primeros 100 suscriptores serán Fundadores.
Hazte Fundador, gratis
