Vender lo que el Estado tomó: sin inventario público, será otro reparto
Por Yoni Toro Gelvis
El jueves, en su informe de gestión, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo una frase que hace veinte años habría sido impensable en boca de un dirigente chavista: «La propiedad privada es un derecho protegido garantizado por nuestra Constitución». Y anunció que ordenó valorar los activos «no esenciales» del Estado para ofrecerlos al sector privado o devolverlos a sus antiguos dueños.
Como economista formado en la Universidad de Los Andes, celebro el principio. Un Estado que acumuló centrales azucareras, hatos, cementeras, hoteles y fábricas sin saber gestionarlas no tiene por qué seguir siendo su dueño. Muchas de esas empresas hoy son chatarra y nóminas sin producción. Devolverlas a manos productivas puede crear empleo, recaudar impuestos y reparar a quienes fueron expropiados sin indemnización.
Pero he visto suficientes privatizaciones en América Latina para saber que el diablo vive en el método. Rusia en los noventa privatizó rápido y sin reglas, y creó una oligarquía en pocos años. Otros países lo hicieron con licitaciones abiertas y reguladores independientes, y atrajeron inversión real. Venezuela tiene que elegir cuál de los dos caminos quiere.
Hoy no sabemos casi nada. No hay una lista de activos. No se sabe qué es «no esencial». No se conoce el método de valoración ni quién lo aplicará. Tampoco se sabe cómo se decidirá entre vender a un inversor nuevo o devolver al dueño original. Y todo esto ocurre mientras, según el economista Asdrúbal Oliveros, el informe sobre la deuda externa sigue sin fecha y el país lleva más de diez años sin datos fiscales oficiales.
Por eso propongo cinco condiciones antes de que se venda o se devuelva el primer activo.
Primera: un inventario público, en un plazo de 60 días, con cada empresa del Estado, su situación financiera, su número de trabajadores y su deuda.
Segunda: tasaciones hechas por firmas independientes elegidas por concurso, publicadas antes de cada operación.
Tercera: subastas abiertas y transmitidas, con precio mínimo conocido, y la prohibición de adjudicar a empresas con socios sancionados o investigados por corrupción.
Cuarta: un procedimiento separado y transparente para las devoluciones, con expedientes públicos que prueben la propiedad original y la ausencia de indemnización previa.
Quinta: que todo el dinero de las ventas vaya a un fondo con auditoría externa, destinado por ley a pagar pensiones y a rehabilitar servicios, empezando por la electricidad y el agua.
No es casual que el mismo día en que se anunció la valoración de activos, jubilados y profesores protestaran frente al Seniat preguntando «dónde está el dinero» de sus pensiones. Si los venezolanos no confían en cómo se administra lo que ya se recauda, mucho menos confiarán en cómo se vende lo que es de todos.
Desde Madrid veo cómo España discute cada venta pública en el Parlamento y en la prensa. No es un trámite: es la garantía de que lo público no se regala. Esa misma lógica debe valer en Caracas, y debe quedar escrita en una ley aprobada por la Asamblea, no en un decreto.
La pregunta no es si privatizar. Es quién mira mientras se privatiza. ¿Qué empresa del Estado crees que debería salir primero, y a quién debería ir: a un inversor nuevo o a su antiguo dueño? Te leo en los comentarios.
Fuentes: Banca y Negocios/Reuters (29-oct-2026); Swissinfo/EFE (29-oct-2026); Finanzas Digital (29-oct-2026, Oliveros); El Nacional y Efecto Cocuyo (29-oct-2026, protesta en el Seniat).
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