Gente que construye el mañana
Dinorah Figuera llega a la mesa con garantías para los partidos, el CNE y el TSJ como agenda. Propongo un registro público y conciliado de presos políticos, rehabilitar partidos y dirigentes, un CNE con fecha, la derogación de la Ley contra el Odio y un calendario electoral.
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Mientras seis ONG denuncian una desnutrición infantil del 9,1%, el socio de Alex Saab enfrenta en EE.UU. acusaciones por lavar dinero de la comida subsidiada. Propongo que Venezuela se presente como víctima, un fondo con destino fijo y un registro público de lo recuperado.
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Juan Miguel Matheus quiere el comité juramentado este jueves. Propongo votación nominal y pública, publicar los expedientes de los aspirantes, un plazo de impugnación ciudadana, audiencias públicas transmitidas y postulación electrónica para la diáspora.
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Celebro que la corrupción de los CLAP llegue a un tribunal, pero una transición que solo exporta a sus acusados renuncia a su propia justicia. Propongo un acuerdo de restitución de activos, publicar el expediente venezolano y que toda entrega pase por un juez.
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El Departamento de Estado pide conteo confiable, partidos libres y medios libres. Propongo un plan de cinco instituciones con plazos, para que las elecciones sean el comienzo de la república y no su decorado.
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La acusación de Nueva York solo cubre a nueve víctimas. Propongo una Comisión de la Verdad, un registro único de víctimas, la preservación de archivos y la cooperación con la Corte Penal Internacional.
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El número dos del chavismo dice estar listo para las urnas mientras la elección sigue sin fecha y la líder opositora no puede volver. Propongo convertir ese desafío en un cronograma verificable en la mesa de diálogo.
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Ninguna transición es estable con cientos de uniformados presos y servicios de inteligencia con cárceles propias. Propongo liberar, revisar, cerrar y reformar: una agenda concreta para el control civil de la Fuerza Armada.
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La presidenta encargada podría pisar Madrid antes de que Machado pueda pisar Caracas. Una exención europea a sus sanciones no debería ser un regalo, sino el precio de compromisos verificables con la democracia.
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927 imputados, 638 con medidas cautelares y seis aún presos. Mientras la comisión empieza a trabajar, el secretario general del PSUV dice que la ley «fue una necesidad». La transición exige derogar, revisar caso por caso y reparar.
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